La lentitud de la Administración con la eólica pone en riesgo inversiones por 90 millones en Asturias

A este punto se llega porque existe un auténtico atasco en la Administración ante la avalancha de expedientes presentados, lo que llevó ya a prorrogar los plazos para que los proyectos lograran los permisos administrativos. Todo apunta a que esta vez no habrá una nueva extensión temporal, según advirtió la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que aseguró que el Gobierno «no tiene la menor intención» de alargar esos plazos y pidió a las comunidades autónomas que «agilicen» los tramites y refuercen sus equipos. «No cabe esa especie de trampa de suspéndase el plazo de nuevo», insistió.

Asturias, no obstante, no es de los territorios más afectados. Según un informe de Monitor Deloitte, elaborado junto con EdP, Endesa, Iberdrola y Naturgy, el potencial incumplimiento de los plazos que establece el Real Decreto Ley 23/2020 puede poner en riesgo hasta 100 GW en toda España.

El gran atasco se está produciendo en las declaraciones de impacto ambiental (DIA). No obstante, fuentes de la consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado aseguran que no se prevén retrasos en la formulación de esas declaraciones, aunque aclaran que estarán condicionadas a la viabilidad urbanística, que debe ser determinada por los ayuntamientos.

Desde el punto de vista ambiental, estas tramitaciones tienen dos procedimientos, por un lado, la evaluación de impacto ambiental (EIA) que requiere que la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático formule la DIA y, por otro, la evaluación ambiental estratégica del plan especial, imprescindible en los casos en los que hay que cambiar el planeamiento urbanístico, y que debe tramitarse a través de los ayuntamientos. «Si el ayuntamiento no admitiera a tramitación el plan especial, no se podría formular la evaluación ambiental estratégica y, por tanto, no se podría avanzar», explican en la consejería.

Según el informe de Monitor Deloitte, los plazos de tramitación reales en los proyectos de inversión de infraestructuras eléctricas superan ampliamente los definidos en la regulación -18 meses- y de media se sitúan en entre dos y tres años, aunque en casos extremos superan los 10 años. En el Principado hay instalaciones cuyo proyecto lleva más de una década en marcha, aunque no hay que achacar todos los retrasos a la Administración. Del lado de los promotores también hay problemas que impiden una tramitación ágil, como la calidad de la documentación presentada o la falta de realización del trabajo de campo. El aumento de la oposición social también contribuye a dilatar los plazos.

El proyecto asturiano que más tiempo lleva sobre la mesa es el de Escorpio (19,8 MW). Seleccionado por primera vez en 2005, el proyecto eólico salió de nuevo en junio a información pública, después de que, el año pasado, el Principado manifestara el incumplimiento del plazo límite para la obtención de la autorización de explotación.

Igualmente, el atasco en la Administración es evidente ante el 'boom' de solicitudes. En dos años, en el Principado se han duplicado los expedientes activos y la cifra ya supera el medio centenar. Y cada uno exige una revisión concienzuda, incluso aquellos que se sabe a ciencia cierta que no van a salir adelante, como los que se plantean en zonas especialmente protegidas.

Por otro lado, la tramitación de los parques de mayor tamaño -más de 50 MW- corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y, en la actualidad, se mantienen activos cuatro proyectos, todos en el occidente e impulsados por el grupo Capital Energy: La Bechida (84 MW) y Luire (78,4 MW), en Allande y Tineo; Carola (90 MW), en Cangas del Narcea y Tineo, y Gargalois (55 MW), situado en Villayón, Illano, Boal y Allande. Sin embargo, este grupo ha renunciado a los permisos de acceso y conexión de otros cinco, el más grande, el de Pumarín (115 MW), y también los de Gobia (100 MW), Chagüetos (60 MW), Cheiriella (60 MW) y Muraco (55MW), por lo que la Administración ya ha desestimado la solicitud de autorización. Todos ellos se habían encontrado con una fuerte oposición vecinal.