La jueza cree que UGT desvió 1,46 millones de euros de los cursos de formación

La titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo ha decidido procesar a cuatro exdirigentes y dos técnicos de UGT por cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones. Con esta decisión la jueza pone fin a la instrucción del caso de los cursos de formación con una conclusión: hay «indicios» de que los procesados desviaron 1,49 millones de euros procedentes de parte de las subvenciones que entre 2010 y 2014 se concedieron al sindicato y a Ifes, entidad vinculada al mismo y ya desaparecida, para la realización de los cursos. Ahora la jueza da traslado a las partes para que pidan la apertura de juicio oral con la presentación de acusación o que reclamen el sobreseimiento de la causa.

El cierre de la instrucción de este caso pone fin a cinco años de investigación. Durante ese tiempo se practicaron registros, pruebas testificales y análisis de documentación de los que la jueza extrae que hay indicios de que Justo Rodríguez Braga, exsecretario general del sindicato en Asturias; Mónica Menéndez, exsecretaria de Administración de UGT en la región; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación; María Jesús Ocaña Clemente, administradora de dos entidades vinculadas a UGT; Alberto González Castaño, técnico adscrito a la secretaría de Formación; y Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en Ifes, otra entidad vinculada con el sindicato, «actuaron concertadamente» para «desviar parte de los fondos de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidas».

El entramado que describe la jueza se basa en «sociedades creadas o controladas» por el sindicato a las que recurrían para conseguir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los cursos. Se trata de Localmur, Formación 2020 e Infastur. A través de ellas, según refleja la jueza en el auto, el sindicato utilizó un «sistema de facturación por horas en el alquiler de locales y aulas» con el que incrementaban el precio de los servicios, «facturando un coste superior al valor del mercado». En lo que se refiere a los alquileres de equipos didácticos, «facturaban por su uso sin que consten previamente adquiridos tales bienes por las entidades que alquilaban». Además, en las subvenciones concedidas directamente a UGT se incluía en la justificación de los costes «gastos de personal del sindicato» sin relación con las actividades formativas.

Las cantidades que la jueza señala como «defraudadas» en las subvenciones concedidas a Ifes son 231.446 euros en el plan de 2010; 330.179 en el de 2011; 112.961 en el plan 2012-2013; y 83.276 en el 2013-2014. Con respecto a UGT, las cantidades ascienden a 238.247, 254.521, 122.028 y 89.985 euros en cuatro expedientes. No solo los responsables del sindicato están procesados, también la misma entidad. La jueza imputa al sindicato únicamente por una de las subvenciones, la de 122.028 euros, que supera en poco más de 2.000 euros el límite que fijaba entonces la ley para ser considerado delito.

El auto de la magistrada exonera a dos de las personas que estaban siendo investigadas. Se trata de Carmen Caballero Díaz y Daniel Pedro Rodríguez. Sostiene la jueza que «la defraudación no alcanzó» el límite que marca la ley en la anualidad 2013-2014, por lo que decreta el «sobreseimiento» provisional en lo que a ellos respecta.