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Duro Felguera «tiene varias 'novias'» que la pretenden y «estamos viendo con cuántas podemos estar contando para hacer una ampliación de capital de un tamaño ... u otro». Esas 'novias' a las que este lunes se refería Jaime Argüelles, consejero delegado del grupo empresarial asturiano, forman «una lista corta de socios industriales» -como se recogía en la carta enviada la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- con los que se está negociando por separado porque «está claro que cada uno tiene sus intereses».
La compañía estudia «las posibilidades de aportar sinergias» de cada uno de estos inversores con el objetivo de determinar «si nos interesa más para la fortaleza del grupo colaborar con uno fuerte o con varios», explicó a este periódico Jaime Argüelles, que este lunes participó en una de las mesas redondas organizadas en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón para analizar los desafíos y oportunidades que genera la energía eólica marina. «Tenemos el proceso muy avanzado», aseguró.
Ese proceso incluye la entrada de nuevos inversores con capacidad financiera para garantizar la viabilidad futura de la compañía y una ampliación de capital que aún está por definir. Fuentes próximas a la operación la cifraban en 30 millones de euros cuando la semana pasada se hizo pública la comunicación que Duro Felguera remitió a la CNMV informando de sus negociaciones con «inversores estratégicos». Este lunes, Argüelles apuntaba que «pueden ser 30 millones o una cifra mayor; todavía no está decidido».
Sí adelantaba que «vamos a hacer una incorporación muy interesante» y, aunque «es difícil ajustar plazos porque dependen de circunstancias ajenas a Duro Felguera», se trabaja con la idea de tener encarrilado el proceso antes de que termine 2022. «Antes de fin de año queremos, por lo menos, tener definido el concepto y las autorizaciones que nos corresponden», apuntó.
Las negociaciones con socios inversores y la ampliación de capital prevista «próximamente» no impedirán el despido colectivo anunciado por la compañía hace dos semanas. Esta regulación de empleo afectará a cuatro sociedades de Duro Felguera, que suman más de 600 trabajadores. Se desconoce cuántos se verán realmente afectados por este ajuste de plantilla, sobre el que Jaime Argüelles no arrojó ninguna luz. «Estamos siguiendo los pasos establecidos, no hay ninguna novedad», señaló.
El consejero delegado de Duro Felguera no quiso ir más allá de lo que ya se sabe, al considerar que «no podemos anticiparnos», porque «hay unos plazos legales establecidos» y, además, «nosotros queremos hacer todas las cosas con el máximo de colaboración y acuerdo». A partir de mañana, miércoles, se podrá constituir en cualquier momento la mesa negociadora donde se debatirá este despido colectivo, que la plantilla ha recibido como «un golpe duro». Una vez que se celebre la primera reunión entre los representantes de los trabajadores y los de la empresa, ambas partes dispondrán de un mes de plazo para negociar el despido.
Para aliviar ligeramente la situación complicada que atraviesa, Duro Felguera ha recibido una buena noticia: su victoria, junto con Elecnor, en un arbitraje en México por importe de 22 millones de euros, relativo a la construcción de una central de ciclo combinado. En 2015, Dunor -empresa formada por Duro y Elecnor- y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un contrato para la construcción de esta planta (proyecto Empalme). En febrero de 2021, una vez terminadas las obras, Dunor interpuso un arbitraje contra la CFE, en el que reclamaba 26 millones de euros en concepto de reembolso de los descuentos aplicados ilegítimamente por CFE y los gastos financieros.
Tres meses después, la CFE respondió con una reconvención, en la que solicitaba el pago de medio millón de euros por la compraventa de energía eléctrica correspondiente y los gastos financieros. Finalmente, en septiembre de este año, el Tribunal Arbitral emitió un laudo por el que se determina que la CFE había incumplido el contrato de construcción y debe pagar a Dunor 22 millones (más intereses e impuestos), además de rechazar la reclamación solicitada por el organismo público mexicano.
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