«La industria sufre una deslocalización silenciosa, es su gran amenaza»

-Esta es prácticamente una pregunta obligada, ¿qué le parece el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu?

-Nosotros no entramos a opinar sobre personas, lo importante son las políticas y que la persona que tenga la responsabilidad llegue con ganas, con energía y con las ideas claras.

-De momento, una de las reivindicaciones del sector en estos años, que el secretario general de Industria tenga rango de secretario de Estado, se ha cumplido ya.

-Es una buena noticia que aplaudimos claramente. No es por un tema de galones, sino práctico, porque al final ser secretario de Estado da acceso a una serie de órganos en los que el secretario general se quedaba fuera.

-¿Que no hubiera un secretario de Estado para la industria denota desinterés por el sector?

-Es el reflejo de una falta de priorización de los distintos gobiernos en las últimas décadas, independientemente del signo político. Hemos visto gobiernos de un partido y de otro y en todos ellos hemos notado una clara falta de focalización y de priorización, probablemente por el convencimiento de que la industria no necesitaba políticas de gobierno, algo que la situación reciente ha demostrado absolutamente erróneo.

-Más allá de esa priorización, ¿qué piden al nuevo Ejecutivo?

-Que establezca una comisión delegada de política industrial, porque es la suma de numerosas políticas que necesitan una coordinación: energía, transportes, fiscalidad, laboral... También pedimos una agencia estatal de política industrial, que con agilidad, flexibilidad y medios sea capaz de vehicular de manera eficiente y efectiva los fondos de los distintos programas de ayuda. La estructura actual es insuficiente para desplegarlos con la rapidez necesaria. Y el cuarto elemento que nos parece importante es potenciar un consejo asesor de política industrial como órgano consultivo en el que se integren los distintos sectores, asociaciones y los sindicatos.

-¿Ha fallado estos años la coordinación entre ministerios como el de Transición Ecológica y el de Industria?

-Probablemente más que coordinación lo que ha faltado es una clara visión de la política industrial en cada una de las carteras a la hora de aprobar medidas que afectaban a la industria. El objetivo tiene que ser que en este país haya más y mejor industria, porque crea riqueza, empleos estables, mejor remunerados, es tractora de la I+D... Por eso muchos países europeos se están dando cuenta de la necesidad de apoyar a su industria.

-Y, ¿qué salud tiene nuestra industria?

-No sé si tiene gripe o una covid más seria, y no solo la española. La recuperación de la pandemia fue tremendamente dolorosa, luego se produjo una espiral inflacionista que ha tensionado mucho la competitividad e inmediatamente después llegaron los efectos de la guerra de Ucrania, que seguimos sufriendo. Las cifras son preocupantes. Está perdiendo producción y esa situación que parecía coyuntural se está alargando. Por eso lanzamos este llamamiento: es necesaria una acción coordinada del Gobierno que impulse la industria. Es un contrasentido el discurso de que es de importancia capital que Europa tenga autonomía estratégica y que no se traslade a políticas concretas de apoyo.

-El sector está sufriendo en general, incluso en países con larga tradición de políticas industriales como Alemania. ¿En qué posición se queda España?

-Estados Unidos ve claramente cuál es la situación y pone en marcha el programa de ayudas de la Ley de Reducción de la Inflación, una inyección directa a la competitividad muy bien diseñada que llega de manera inmediata a las empresas. Europa entiende el riesgo y tiene dos caminos: podía diseñar un plan europeo financiado con fondos soberanos, que acompañase a la industria de manera uniforme; o podía hacer lo que hizo, que nosotros creemos que es erróneo, permitir que los países puedan poner en marcha, si quieren, mecanismos de apoyo relajando las reglas de ayudas de Estado. Eso permite que países con vocación industrial pongan en marcha proyectos muy ambiciosos, como Alemania, Francia Italia o Portugal. España ha hecho cosas, pero infinitamente menos ambiciosas y de menos impacto. Así que no solo no hemos conseguido hacer frente al reto global que suponían las medidas de EE UU, sino que se ha creado un nuevo fenómeno, una distorsión de la competencia dentro de Europa hasta el punto de romper el mercado interior. Hay ganadores y perdedores y, desgraciadamente, España está en el bloque de los perdedores.

-Se habla mucho de que Francia o Alemania tienen más músculo financiero, pero cita también a Portugal.

-No es lo mismo la capacidad financiera de unos países y de otros, pero tampoco el tamaño de su industria. Portugal ha puesto en marcha medidas muy claras, muy ambiciosas y muy bien diseñadas. Es un tema de entender que la apuesta por la industria es la mejor apuesta que se puede hacer por la economía de un país. Unos lo han entendido y otros no tanto. Es un tema básicamente de decidir qué priorizamos, gobernar es una elección continua.

-Tampoco se está llegando al máximo con las compensaciones indirectas por el CO2 y el estatuto de las electrointensivas no está dando la respuesta que esperaba la industria.

-Es otro ejemplo del apoyo político que otros países hacen de manera más decidida. Pedimos, dentro del marco europeo permitido, llegar al máximo.

-Llega fin de año y con él el de algunas medidas de apoyo, como las relacionadas con la factura energética. ¿Se mantendrán?

-Nosotros, en su momento, les dimos la bienvenida, aunque fueran muy inferiores a las de otros países. Es necesario que se prorroguen. La Comisión Europea lo ha autorizado, ahora hace falta que el Gobierno de España lo decida. Ojalá se pudiera aumentar el nivel de apoyo y de ambición. Es importante que España tome la decisión lo antes posible para despejar todas las incertidumbres.

-¿Tendrán algún día esa electricidad a precios estables y competitivos que tanto tiempo llevan demandando?

-Espero que así sea porque, al menos para las electrointensivas, es imposible competir en los mercados internacionales. Los mecanismos de ayuda hacen que el precio final que pagan las industrias sea muy distinto en cada país. Es muy complicado jugar con esa desventaja.

-¿Es el hidrógeno verde la solución a todo? ¿Llegará a tiempo?

-Una cosa es el reto tecnológico, que puede desarrollarse de manera adecuada, pero otra es el cuánto y el cuándo, que son totalmente inciertos. Cuándo tendremos volúmenes suficientes y a qué coste. No existe una estimación fiable. Lo que está haciendo la industria es prepararse para consumirlo, pero excepto en casos muy determinados no está en su mano. Tenemos que ser realistas, no lo vamos a tener mañana ni en volumen ni en coste adecuados. Es necesario que las industrias den pasos intermedios, porque además el hidrógeno no va a ser una solución universal.

-Patronales como la siderúrgica Unesid, que se integra en la Alianza, aseguran que los plazos de los PERTE solo van a dar para inversiones rutinarias.

-Es un reto mayúsculo que nos preocupa inmensamente. España tiene un problema. Los plazos que actualmente están establecidos hacen absolutamente imposible que cualquier proyecto industrial de cierto calado pueda completarse en esas fechas. Es imprescindible que España complete la negociación que tiene con la Comisión Europea para ampliar esos plazos.

-La burocracia europea es compleja, ¿están todos los países en la misma situación?

-No es un problema único de España y, por tanto, creo que el Gobierno español encontrará apoyos en otros países para esa flexibilización, pero hay países cuyos planes transformadores de la industria están financiados con fondos nacionales, no europeos, como Alemania, por lo que ya no dependen de los plazos establecidos por la UE.

-¿Existe en España un exceso de regulación?

-A nosotros nos preocupa, especialmente, el tema de los permisos y las autorizaciones. El tiempo necesario desde que una industria ha decidido que quiere invertir hasta que esos permisos están concedidos son inasumibles y hace que muchas veces esas inversiones no se realicen. Es un problema muy serio. Desde la Alianza hemos hecho un trabajo muy exhaustivo, en el que hemos identificado programas de simplificación administrativa bastante exitosos y se los hemos trasladado al Gobierno. Si decimos que la industria tiene que transformarse, esto pasa por inversiones y estamos perdiendo oportunidades. Hay que reconocer que no se es suficientemente ágil y copiar las buenas prácticas que existen.

-Hay sectores como el papelero o el cementero para los que aún no hay tecnología que evite las emisiones de CO2, ¿se está yendo demasiado lejos con la descarbonización?

-Hay unos objetivos políticos, que en 2050 la economía esté descarbonizada y la industria no los cuestiona, trabaja para ello, pero necesitamos tiempo para el desarrollo de las tecnologías y para financiar y lograr los niveles de inversión necesarios. Y hay otro elemento, necesitamos neutralidad tecnológica: lo importante es descarbonizarse, no utilizar una tecnología concreta. El objetivo no puede ser electrificarse. Cada sector tiene una hoja de ruta distinta porque los procesos son distintos. En muchos casos no existe aún una tecnología probada para ello.

-¿Corremos el riesgo de deslocalizaciones por esa ambición climática?

-Hay una deslocalización silenciosa que es la gran amenaza de la industria. En la mayoría de los casos no es que se lleven la fábrica a otro sitio, lo que realmente sucede es que las empresas de manera progresiva pierden competitividad, eso se traduce en una pérdida de mercado, a su vez en falta de capacidad para hacer inversiones y, si se deja de invertir de manera sostenida, esa fábrica termina cerrando. Y esa demanda la atiende otra. Lo estamos viendo en el Índice de Producción Industrial en Europa.

-¿Servirá para algo la implantación del arancel ambiental, el CBAM?

-Es una medida conceptualmente muy atractiva y podríamos decir que necesaria, pero en el diseño obvia algunos elementos muy importantes que lo pueden hacer cuestionable. Uno de ellos es la falta de protección a las exportaciones. Lo único que hace, en el mejor de los casos, que también está por ver, es proteger el mercado interno, pero no da ninguna solución para el sobrecoste que se tiene al exportar por nuestros mayores niveles de ambición climática. Cuando menos, es un mecanismo cojo de partida.