La industria exige al Gobierno diez medidas de máxima urgencia ante una crisis «sin precedentes»

Prueba de la importancia que dio la industria a este encuentro, que se celebró de forma telemática, fueron sus participantes: medio centenar de compañías, entre ellas Arcelor y Asturiana de Zinc, y las principales organizaciones empresariales y patronales industriales del país. Varias se agrupan desde hace tiempo en la Alianza por la Competitividad de la Industria, como la química, la siderurgia, el papel, el cemento o la alimentación y bebidas. Su portavoz actual es la presidenta de Aspapel, Elisabet Atelier, que presentó diez medidas «prioritarias y de máxima urgencia», acordes al desafío «de una economía de guerra». Y advirtió de que ya es una realidad el cierre de instalaciones y las deslocalizaciones de producción.

Entre las medidas, destacó la «urgente» modificación del funcionamiento del mercado eléctrico europeo; la necesidad de dar una inmediata solución a la situación «insostenible» de la cogeneración, que se ha quedado fuera de las compensaciones de la excepción ibérica; la garantía de exención del coste del mecanismo de ajuste para los contratos a plazo con precios fijos anteriores al 26 de abril; la activación «inmediata» de líneas de ayudas a la demanda energética -la UE permite hasta 50 millones por industria-; un plan para fomentar el coche eléctrico; préstamos directos para circulante o la urgente reactivación de los mecanismos de interrumpibilidad voluntarios y retribuidos para gas y electricidad.

Otra de las presentes, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) también puso sobre la mesa la necesidad de recuperar esa herramienta, que retribuía a la industria por desconectarse de la red en caso de necesidad. El sistema, sin embargo, fue enterrado por el Gobierno ante los recelos de la UE y después de varios años con remuneraciones a la baja -pasaron de más de 500 millones a solo seis en 2020-. El Ejecutivo se comprometió a aprobar una alternativa, ya que la mayoría de países del entorno cuentan con mecanismos parecidos. Sin embargo, la industria sigue a la espera. «Se necesita un esfuerzo», aseguró ayer a este periódico el director general de Aege, Fernando Soto. Y también reclamó más ayudas por el coste indirecto del CO2 que asume la industria. Así, contrapuso las compensaciones de Alemania - 27.500 millones de euros entre 2021 y 2030 y hasta el 75% de los costes incurridos- con los 2.900 de España, con un tope de hasta el 25%. Esta crisis puede «llevarse empresas por delante y provocar deslocalizaciones», advirtió, y calculó que España podría ofrecer hasta 12.000 millones por los costes indirectos, cuatro veces más.

Del lado del Gobierno no hubo, sin embargo, ningún anuncio. «Hemos escuchado sus ideas y propuestas, que resultan sin duda útiles para el diseño de este plan», apuntó Ribera. La ministra de Industria, por su parte, recordó que «el objetivo es proteger a nuestras familias y empresas articulando una serie de medidas para responder a las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa de Ucrania».