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Arcelor es la compañía asentada en Asturias que tiene más asignaciones gratuitas de CO2. ARNALDO GARCÍA
La industria asturiana pide soluciones a la exportación mientras la UE ultima el arancel ambiental

La industria asturiana pide soluciones a la exportación mientras la UE ultima el arancel ambiental

Patronales del acero, el cemento, los fertilizantes o el aluminio reclaman ayudas como las de EE UU para poder descarbonizarse

Domingo, 4 de diciembre 2022, 20:24

La negociación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la nueva regulación del comercio de derechos de emisión, así como del ajuste en frontera al CO2 para evitar deslocalizaciones y el Fondo Social para el Clima encara su recta final y la industria es consciente de lo que se juega. De hecho, cinco grandes patronales del sector a nivel europeo se han unido para reclamar que se tenga en cuenta el daño que puede hacer una legislación que no tenga en cuenta las particularidades de las factorías y, entre ellas, destacan la pérdida de competitividad que tendrá la retirada de los derechos de emisión gratuitos para sus exportaciones.

Dentro de la Unión Europea, esta ha previsto un ajuste en frontera, una especie de arancel ambiental que penalice a los productores extracomunitarios que no tienen que asumir el pago por el CO2 que emiten, como sí lo hacen los locales. Sin embargo, cuando estos últimos salgan a competir en el mercado global no contarán con ese apoyo y sus productos se verán penalizados por ese mercado de derechos de emisión. Como ejemplo, cada tonelada de CO2 ronda, en la actualidad, los 75 euros y para producir una de acero se requieren 1,75. Esto implicaría un sobrecoste de unos 130 euros si no se tuvieran en cuenta las asignaciones gratuitas. Y en el mercado global hay que competir con productores que no deben asumir ese pago, como los chinos, sin contar que tienen costes más bajos por legislaciones más laxas de todo tipo, desde la ambiental a la laboral.

De ahí que Eurofer (siderurgia), Cembureau (cemento), Fertilizers Europe (fertilizantes), Eurométaux (metales) y European Aluminium (aluminio) hayan remitido un comunicado en el que señalan que el Sistema de Comercio de Emisiones y el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) representan un elemento clave del marco regulatorio que acompaña la transición hacia la neutralidad climática de sus sectores, que es «más desafiante que nunca», ante el aumento vertiginoso de la inflación en general, pero también de los precios de la energía, el carbono y el resto de costes indirectos relacionados, así como la escasez de materias primas.

En el texto subrayan también que la industria está afectada por una inactividad sin precedentes, que alcanza el 70% para el amoníaco en la producción de fertilizantes, el 50% para el aluminio primario y alrededor del 10% para el acero, mientras que en un sector como el del cemento, las empresas sufren que, incluso, se tripliquen sus costes.

Ayudas en EE UU

Mientras, alertan de que las inversiones en materia de descarbonización en Europa se ven «fuertemente cuestionadas» por los diferentes marcos regulatorios y financieros que desarrollan otros países. Incluso, denuncian que podrían no ajustarse al derecho comercial internacional. Y citan la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) de EE UU, que ofrece un apoyo de 370.000 millones de euros para inversiones en materia de descarbonización de la industria y del sector energético «con un impacto probable en la competencia global y los patrones comerciales». En este contexto, reclaman «disposiciones y medidas reforzadas sobre fugas de carbono que respalden las inversiones de las empresas y eviten costes desproporcionados a corto y mediano plazo».

El sector continúa recortando su actividad en Asturias

La industria asturiana lleva meses de desaceleración. Según la última estadística de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), referente a octubre, el sector recortó sus niveles de actividad el 5,7 % interanual, aunque aún mantiene un saldo positivo para el acumulado en lo que va de año del 4,2 %. Subraya su análisis que una parte de esta contracción puede atribuirse a las consecuencias directas e indirectas de la parada llevada a cabo en el horno alto de Arcelor. Señala, asimismo, que la incertidumbre de la situación global también lastra los mercados y ralentiza la actividad, lo que unido al continuo incremento de precios, tanto de materias primas como de suministros, hace que las empresas se planteen revisar sus perspectivas de crecimiento para 2023.

Pero estos sectores industriales sobre todo concretan tres reclamaciones. La primera, que se mantenga la asignación gratuita de derechos de emisión hasta que el ajuste en frontera demuestre su eficacia. Y, si esa solución no fuera posible, instan a los negociadores a apoyar la propuesta del Consejo, que establece la eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos entre 2026 y 2035, a un ritmo de reducción más lento hasta 2030. Mientras, el Parlamento y la Comisión acuden con propuestas de eliminación más drásticas. La segunda petición implica encontrar una solución clara para las exportaciones compatible con las normas de la Organización Mundial de Comercio, como pudiera ser un ajuste a la exportación, que sitúe a los productores comunitarios en igualdad de condiciones que sus competidores globales.

Y, como tercera reclamación, estos sectores industriales ven necesario mejorar y fortalecer la gobernanza y la aplicación del arancel ambiental, en particular con respecto al papel de la autoridad central, las disposiciones de elusión, los valores predeterminados, la limitación de excepciones y la verificación, transparencia de datos y un mecanismo de revisión.

Los trílogos

Esta petición se realiza cuando Parlamento, Consejo y Comisión encaran las últimas jornadas de negociaciones. En junio, la Eurocámara aprobó una propuesta que implica el establecimiento del ajuste en frontera, pero también la reducción de las asignaciones gratuitas de CO2 a partir de 2027. Esta se prolongará hasta 2032, cuando desaparecerán por completo. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en la mayoría de países, entre ellos España, el poder legislativo no es exclusivo del Parlamento, sino que este lo ejerce conjuntamente con el Consejo en un farragoso proceso, con primeras, segundas y hasta terceras lecturas o un acto de conciliación, que dilatan todo el proceso. De ahí que se haya buscado un mecanismo que lo agiliza: los trílogos. Son grupos informales con representantes de las tres instituciones -también la Comisión, que es la institución que elabora la propuesta de ley- y en la que estos defienden la posición de cada una de ellas para consensuar un texto aceptable para todas sin que pase por la totalidad de las etapas del procedimiento.

Gracias a este mecanismo, alrededor del 90% de las propuestas se aprueban en primera lectura y solo un 2% llegan a la fase de conciliación. La decisión final, vital para la industria asturiana, se espera a mediados de mes.

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