La industria asturiana recibirá 12,4 millones más de compensaciones por el CO2

El plan del Gobierno cuenta con una partida de 488 millones de euros para la industria repartidos en varias medidas, entre ellas la reducción en un 80% de los peajes a las electrointensivas, a lo que destina 225 millones. Además, se aumentan las compensaciones por los costes indirectos del CO2 en 65 millones, de 179 a 244. Esto implica que si la industria regional recibía hasta ahora 34,3 pueda lograr alrededor de 12,4 millones adicionales y escalar hasta 46,7. No obstante, no se llega al tope que permite Bruselas, según los cálculos del sector, que lo sitúan en 450 millones. El Gobierno defiende, sin embargo, que sí se alcanza el límite, porque la referencia es la cotización de los derechos de 2020 y no la ya disparada de 2021. Además, se aprueba la convocatoria de 73,6 millones que ya recogía el estatuto de las electrointensivas para compensar los cargos de la financiación de renovables, cogeneración y territorios insulares. La mayor novedad en materia industrial son los 125 millones que se destinan a empresas gasintensivas, que beneficiarán a 1.600 compañías de los sectores del papel y el cartón, el vidrio y la cerámica. Esto implica que podrá favorecer a firmas como Ence, pero se quedarán fueras otras con gran consumo de gas, como Arcelor, o las agroalimentarias. El plan incluye, por otro lado, 362 millones para agricultura y ganadería y 68 para el sector pesquero.

Se extiende hasta el 30 de junio el tratamiento fiscal que recibe la electricidad, con una disminución al 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del especial de electricidad. Además, España amplía en siete días y medio el volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos, fijando unas existencias mínimas de 27,5 días de consumo, lo que podría abrir la puerta a que la regasificadora de El Musel entre en funcionamiento. Se rebaja, asimismo, en 1.800 millones la retribución de la que disfrutan las plantas renovables y se acelerará la tramitación de los proyectos de fotovoltaica y de eólica. En este sentido, se incluye un marco regulatorio para instalaciones de tipo flotante, que puede facilitar la puesta en marcha de los parques previstos en Asturias por EdP y Enagás junto a Naturgy, y normativa para canalizaciones de gases renovables, como el hidrógeno, de la que también está muy pendiente la comunidad, entre otros proyectos con el de HyDeal.

Una de las medidas estrella del plan del Ejecutivo, ya avanzada el lunes, es la rebaja de 20 céntimos en el precio de los carburantes, 15 a cargo del Gobierno y 5 de las petroleras. El presidente de la Asociación Profesional de Estaciones de Servicio de Asturias, José María Barrero, denunciaba «la incertidumbre» en la que se encuentran las 225 gasolineras de la región, que no saben cómo se ejecutará o si tendrán que ser ellas mismas las que adelanten el dinero. Con una venta media de 200.000 litros podría ascender a 40.000 euros mensuales, «mucho dinero», censura. «Se supone que hay que habilitarlo para el viernes y no sabemos nada».

Las empresas que reciban ayudas directas tendrán prohibido despedir entre el 1 de abril y, por lo menos, el 30 de junio, a trabajadores por causas objetivas, argumentando el incremento de los precios. Por otro lado, los avales por 10.000 millones de euros que gestionará el ICO podrán concederse hasta el 31 de diciembre y tendrán un periodo de carencia de 12 meses. Además, no será ya necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a una ampliación del plazo de vencimiento y se habilita un periodo de carencia de 6 meses a petición de los deudores en los sectores más afectados. A 31 de diciembre, 15.111 empresas asturianas habían recibido avales del ICO por 1.883,2 millones de euros en 24.822 operaciones.

El plan del Gobierno incluye una revalorización de un 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante los meses de abril, mayo y junio que beneficiará a 27.900 asturianos. Según los datos hechos públicos por el Ejecutivo, la cifra de prestaciones en la región roza las 13.000, que implican a 17.639 adultos y 10.261 menores.

Asimismo, se prorroga hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% del PVPC, respectivamente. Además, el número de beneficiarios del bono se ampliará en 600.000, hasta los 1,9 millones de hogares, al extenderlo a todos los perceptores del IMV con contrato de suministro. A 31 de diciembre, 27.716 asturianos cobraban este bono, cuya partida presupuestaria se amplía ahora a nivel nacional hasta 228 millones. Fuentes de Baser, la comercializadora de mercado regulado de TotalEnergies, señalan que tienen 25.000 clientes con bono social en la región, 10.000 considerados vulnerables y 15.000 vulnerables severos.

Por otro lado, se limita al 2% la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda hasta el 30 de junio de 2022. Para grandes propietarios la medida se da por imperativo legal y para los pequeños prevalece la negociación con el inquilino, pero si no hay acuerdo se puede exigir ese 2%. Katia Domingo, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Asturias (Asocias), considera que medidas como esta desincentivarán aún más el alquiler. «Se debería buscar que haya más oferta, porque existe mucha demanda, pero con medidas así los propietarios tendrán aún más miedo de poner sus pisos en alquiler», advierte.