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Directivos de Indra y de Duro Felguera se reunieron ayer en Gijón para avanzar en los detalles de la operación de compra de El Tallerón ... por parte de la primera. La jornada se inició, precisamente, con una visita a las instalaciones. Poco después de las 9 horas, tres responsables de la compañía que preside Ángel Escribano accedían en un vehículo negro con los cristales tintados a los terrenos que ocupa la división de calderería pesada. A pesar de la discreción con la que quisieron mantener la cita, adelantada por EL COMERCIO, su visita era esperada con expectación. Entre ellos estaba Ángel de Álvaro, nuevo fichaje del grupo, al que llegó de la mano del propio Escribano y que hasta hace apenas unas semanas era el secretario general de Santa Bárbara Sistemas.
Durante dos horas y media recorrieron las instalaciones, desde la zona de oficinas a la de talleres, pasando por el embarcadero acompañados por el gerente de Calderería Pesada, Julio Ablanedo, y dos miembros del comité de dirección, el de la Unidad de EPC, Saúl Paunero, y la de Asesoría Jurídica, Susana Santos. Además, por parte de Indra también estuvo Jorge Álvarez, socio del departamento de Regulatorio, Derecho Público y Urbanismo de Ontier Norte. Es este despacho ovetense el que asesorará a Indra en la operación. A ambas partes les interesa que sea rápida. En el caso de Duro Felguera, necesita de forma urgente una inyección financiera que le permita seguir operando y, en el de la compañía semipública, quiere tener cuanto antes capacidades productivas en materia de vehículos blindados tras el rechazo de General Dynamics a vender Santa Bárbara.
Según ha podido saber este periódico, la operación podría cerrarse en unos 30 millones de euros, de los que bastante más de la mitad irían destinados a asumir las deudas que arrastra la factoría desde hace años. Otra partida importante sería dedicada a los expedientes de regulación que podrían ser necesarios, tanto en el caso de que haya que prescindir de parte del personal como que este tenga que pausar su actividad laboral durante los meses que dure la reforma íntegra que necesitan las instalaciones, ahora acondicionadas para otro tipo de producción. El sobrante iría dirigido a Duro Felguera como inyección económica para seguir operando.
El presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció que su intención era «rescatar» a entre 120 y 150 trabajadores de la factoría, que actualmente ronda esos 150. De ahí que no se espere un gran ajuste de plantilla, aunque sí que habría afectados.
No obstante, los trabajadores aguardan con cierto optimismo esa posible adquisición, ya que la deriva de la empresa es muy negativa. En el grupo, las nóminas solo se van garantizando mes a mes, llevan años demandando nuevas inversiones y la cartera de proyectos es exigua. De hecho, solo hay carga de trabajo hasta mayo e incluso se presentan problemas para adquirir material, dadas las condiciones financieras de Duro Felguera.
Ahora quedan semanas de intenso trabajo para definir todos los flecos de la operación, que se espera cerrar en tres semanas, algunos importantes. Aunque existe cercanía entre ambas partes, auspiciada por el peso en las dos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –es máximo accionista de Indra y puede serlo de Duro si capitaliza los préstamos que le concedió–, aún hay cuestiones pendientes. Será clave la auditoría que se realice en los próximos días, que debe hacerse en un tiempo récord, y que puede cambiar la cuantía económica de la operación, algo relativamente habitual en este tipo de casos si, por ejemplo, aflora algún nuevo pasivo.
Además, la intención de Indra es hacerse con la unidad productiva, que incluye las instalaciones y la plantilla, no la sociedad de Calderería Pesada, pero entre los principales escollos está el hecho de que el suelo que ocupan las instalaciones es una concesión de la Autoridad Portuaria a Duro Felguera que vence en 2033 y la operación requiere que el nuevo proyecto de blindados pueda mantener el uso de ese espacio.
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