El pasado martes, las negociaciones para abordar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sufrieron un giro de guion. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, reculó respecto al ultimátum que había lanzado a los empresarios y anunció que ... les haría una nueva propuesta el próximo lunes. Poco después, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se alineaba con la CEOE y abogaba por permitir más flexibilidad y plazos más amplios para implementar la norma. Desde la patronal descartan que se pueda llegar a un acuerdo porque «se ha planteado de todo» y, sin embargo, no se les ha escuchado «absolutamente nada».
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En ese contexto, el tejido productivo asturiano se prepara ya para un escenario en el que el Ejecutivo apruebe la norma de forma unilateral, lo que impactaría especialmente en sectores como la hostelería y el comercio, con una incidencia más acusada en las pequeñas y medianas empresas. «La jornada laboral es uno de los aspectos críticos de las relaciones laborales y la columna vertebral de la negociación colectiva. Su regulación impuesta sin acuerdo con las organizaciones empresariales es un ataque frontal a la negociación colectiva y que tendrá, de llevarse a efecto, un impacto negativo en la economía y el empleo», denuncia María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade).
Desde la patronal asturiana matizan que no están en contra de modificar las jornadas, puesto que muchos «en numerosos sectores ya son inferiores», pero reclaman que debe pactarse entre empresas y sindicatos: «Esta imposición afectaría muy especialmente a sectores como la hostelería, el comercio y el campo, tres segmentos de actividad claves para Asturias». Calvo insiste, además, en que la reorganización necesaria para mantener estrategias y compromisos con clientes y proveedores «puede convertirse en imposible cuando hablamos de muy pequeñas empresas o autónomos, la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo».
Desde Otea, la patronal hostelera, también se posicionan en la misma línea que Fade. «No tiene ningún tipo de sentido tocar a un sector como el nuestro, en el que tenemos escasez de trabajadores, porque esto nos va a hacer necesitar más mano de obra», explica su presidente, José Luis Álvarez Almeida, y añade que «el Gobierno se confunde, lo que necesitamos es permitir que los empleados trabajen más y poder pagarles más». Al mismo tiempo, el presidente de Otea denuncia que la implantación de esta medida generaría «unos costes económicos que no estaban dentro de las previsiones de los negocios».
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En Asturias, el comercio minorista tiene aproximadamente 12.000 empresas repartidas en unos 15.000 locales, y más del 80% son micropymes, con una media de 1,5 trabajadores por negocio. La gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, sostiene que no están en contra de un recorte, pero que no es algo que se pueda decidir desde Madrid: «Cualquier medida que afecte a la jornada laboral incide de manera especial en el comercio minorista, al que además tanto la competencia como la clientela le exige cada vez más horas abierto y más tiempo de trabajo».
En otros sectores, también prevén que la norma, en caso de que se apruebe, los golpee económica y organizativamente, como apuntan desde la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (Asincar). En palabras de su presidente, Eduardo Pérez, esta medida impactaría de lleno en empresas pequeñas de dos, tres o cuatro empleados: «Podría suponer un incremento de costes de fabricación de entre un 4 o 5%. Esa subida habrá de repercutir en el precio de venta, porque el nuestro es un sector con unos márgenes muy reducidos y es inasumible un alza de ese tipo», concluye Pérez.
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Por otro lado, hay sectores que apenas notarían cambios significativos, puesto que ya han acometido esa reducción en los diferentes convenios que se han ido firmando, como el caso de la construcción o el metal. «Nos hemos adelantado a esta propuesta, ya que en el acuerdo de la negociación colectiva patronal y sindicatos convenimos la reducción de la jornada laboral anual en 8 horas, quedando el total en 1.728 horas y que supone 22 días por debajo de la media nacional en el sector», recuerda Antonio Fernández-Escandón, presidente de Femetal, que insiste en que «la referencia debe ser el promedio anual y no el mensual o semanal».
Los sindicatos consideran que la reducción de la jornada es una medida necesaria y, para implantarla, sería deseable alcanzar un acuerdo con la patronal de empresarios. En ese sentido, el secretario general de CC OO Asturias, José Manuel Zapico, considera «razonable que se agoten todas las posibilidades de tratar de incorporar a la CEOE al acuerdo, pero también teniendo claro que tiene que haber límites». Zapico confía en que «estemos en la recta final de la posibilidad de nuestro país de avanzar en derechos tan importantes como la reducción del tiempo de trabajo».
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Su homólogo en UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, también considera positivo el intento de la vicepresidenta Yolanda Díaz de alcanzar un acuerdo a través de la propuesta del próximo lunes a los empresarios: «Todo lo que vaya de acuerdo con ellos va a ser luego mucho más fácil de implantar en las empresas y en la negociación colectiva». Aun así, el secretario general de UGT Asturias defiende que «no puede ser a cualquier precio».
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