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La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha impulsado un manifiesto haciendo una llamada al Gobierno de España para que adopte y potencie medidas de corto plazo capaces de sortear la situación de elevados precios eléctricos que sufre esta industria y que ... está poniendo en jaque su supervivencia. Este documento recibe el apoyo de distintas entidades y administraciones como los gobiernos de Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria, también de las cámaras de comercio asturianas, así como de la Federación Asturiana de Empresarios, Femetal, Unesid, USO o el Ayuntamiento de Avilés, entre otros.
En él se subraya que la industria electrointensiva es un motor fundamental de la economía española, «generadora de empleo estable y de calidad, y con gran capacidad de inversión en proyectos de descarbonización en los próximos años». También que el incremento del coste de la electricidad está suponiendo una grave merma en la competitividad de la industria en general.
«Ante la escasez de ofertas de contratos competitivos de las empresas eléctricas para sortear los nubarrones del corto plazo, desde las empresas reconocemos que el Gobierno entiende la importancia de la industria, pero necesitamos que sus intentos se concreten ya. Por eso los industriales le reclamamos que adopte de forma urgente medidas que salvaguarden la competitividad y el futuro de las actividades productivas y de los millones de empleos que generamos en nuestro país», apunta el manifiesto. En este sentido, la industria electrointensiva solicita al Ejecutivo la puesta en marcha de las siguientes medidas para el corto plazo: Retomar las conversaciones con las compañías eléctricas para que cumplan su compromiso, anunciado con motivo de su negociación sobre el R.D.L 17/2021, de presentar a la industria ofertas competitivas, a precios anteriores a la crisis energética y por lo tanto no vinculados a la escalada del gas; hacer accesible, a partir del 1 de enero de 2022, la energía renovable del RECORE al precio fijado en la normativa (Orden TED/171/2020 y concordantes), a los consumidores que adquieran su energía en el mercado; Eliminar definitivamente el IVPEE (impuesto del 7% a la producción); y garantizar la máxima compensación del CO2 indirecto, disponiendo el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, tal como prevé la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Debe garantizarse que los PGE 2022 contemplen una partida mínima de 450 millones de euros, apunta el documento. Asimismo, reclama que se complete el desarrollo del Estatuto de consumidores electrointensivos, concediéndoles la exención del 80% de los peajes de transporte eléctrico, al igual que disfrutan los industriales alemanes y franceses, desde hace tiempo, así como los portugueses que tendrán una rebaja del 94% de sus tarifas de acceso en 2022; establecer una nueva modalidad de ERTE asociada a la situación de los precios energéticos, para aquellas empresas cuya producción esté comprometida por los elevados precios eléctricos.
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