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En plena ola de protestas del campo por todo el territorio nacional, el comisionado especial para el Perte Agroalimentario en el Ministerio de Industria, Jordi Carbonell, ha confirmado este viernes que la segunda convocatoria del Perte Agroalimentario se encuentra en «fase inicial».
El Ministro de ... Industria ya se comprometió en sede parlamentaria a plantear este segundo Perte en el que, según Carbonell, «tenemos que aprender las lecciones de la anterior convocatoria». Durante una jornada organizada por AVS Consulting junto a CEOE y CEIM, el comisionado reocnoció las dificultades burocráticas que han impedido a muchas pequeñas empresas del sector acceder a los fondos Next Generation en la primera convocatoria, que se cerró en diciembre del pasado año.
Por eso, han abierto una consulta pública para recabar información de las empresas y lograr que todo el proceso sea «más ágil» y fácil de gestionar para ellas.
Este Perte Agroalimentario está formado por tres ejes: apoyo a la industria alimentaria (gestionado por el Ministerio de Industria), la digitalización del sector (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y un tercero basado en el impulso de la i+D+i en el ámbito agroalimentario, gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
La primera convocatoria se cerró con el apoyo a 13 proyectos tractores de la industria agroalimentaria mediante la concesión de 181,57 millones de euros financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De esas ayudas, 161,6 se concedieron en forma de subvención y cerca de 20 millones en modalidad de préstamos.
«Las ayudas aprobadas engloban a cerca de 300 proyectos de más de 200 empresas y abarcan actuaciones en 14 comunidades autónomas, siendo Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia las que más ayudas reciben», indicaban entonces desde el Gobierno.
El Perte tiene como objetivo promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación. Las estimaciones iniciales apuntaban a que el proyecto en total generaría un impacto en la economía de 3.000 millones de euros con una creación neta de 16.000 empleos.
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