El Gobierno impedirá a las eléctricas cerrar centrales rentables para elevar el precio de la luz

El ministro reiteró ayer que una actuación de tal importancia como echar la persiana a un centro de producción eléctrica, con la pérdida de empleos directos e indirectos que la acompañan y las posibles repercusiones sobre el funcionamiento sistema eléctrico nacional, «no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles en función de los que se tome la decisión final». De este modo, Nadal se mantuvo firme en la posición mantenida por el Ejecutivo central desde que Iberdrola anunciase su intención de cerrar las plantas de Lada, en Langreo, y Velilla, en Palencia, e incidió en la importancia de que el 'mix' energético se determine desde «la política pública», ya que es este el que «marca la tendencia» y puede «afectar a los precios del mercado». Más, cuando las renovables aún no pueden garantizar determinados niveles de producción eléctrica ante condiciones meteorológicas adversas.

Hasta ahora, el Gobierno no había tenido que preocuparse por el tema. Como las peticiones de cierre que ha habido se referían a plantas obsoletas, hoy por hoy «no está normativamente regulado». Pero el paso de Iberdrola ha cambiado por completo la situación.

El ministro reconoció durante su comparecencia que España sufre un exceso de capacidad de generación y que más pronto que tarde habrá que analizar el tipo de centrales a cerrar. Pero se hará «siempre», comprometió, de manera «ordenada» y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, de cuidado del medio ambiente y económicos. Esto es «al mejor precio posible».

Dicho esto, ahondó en el procedimiento. Una vez que una empresa eléctrica curse una petición de cierre, el primer paso del Gobierno será el de comprobar si esa planta es necesaria o no, ya sea por cuestiones de seguridad de suministro, medioambientales o de bolsillo. Si es así y el operador se mantiene en su intención de deshacerse de las instalaciones, se organizará una subasta.

«Si tiene comprador es rentable», evidenció Nadal. Si no lo tiene, se procedería a la clausura o, si fuese necesario, se recurriría a un sistema de pagos por capacidad que, según adelantó el titular de Energía, «tiene el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado». Dijo, además, que esta maniobra no se hace para dar más dinero a las eléctricas, como apuntaron algunos diputados que criticaron los pagos por capacidad.

Durante su intervención, Nadal previó un incremento de la factura de la luz, que cerrará 2017 con una subida para el consumidor medio de aproximadamente el 10% con respecto al ejercicio anterior. En ese marco, el ministro también rechazó el cierre de todas las centrales nucleares españolas y defendió que se trata de una energía que no emite dióxido de carbono y abarata los precios del mercado.

Recordó también que según los cálculos del ministerio, sin las dos centrales de Asturias y Palencia de Iberdrola el coste de la electricidad hubiera sido de 38 céntimos de euros más.

Por su parte, el diputado de Foro en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, coincidió en que el cierre de las térmicas tendría unos costes sociales de «gravísimo calado, en forma de pérdida de miles de puestos de trabajo, de desertización industrial y de penalización a la competitividad de las industrias de consumo electrointensivo asturianas». El camino para evitar este escenario «no es pedir a los demás que se conciencen sino fomentar la investigación en las nuevas tecnologías y establecer ayudas financieras para su implantación», concluyó.