El Gobierno fracasa en su plan para compensar a las aseguradoras por las pérdidas de Muface

El sector cree que la fórmula propuesta por el Ejecutivo es demasiado limitada y Adeslas y DKV no acudirán a la segunda licitación

Martes, 21 de enero 2025

La estrategia del Gobierno para convencer a las aseguradoras de que acudan al nuevo concierto de Muface no termina de convencer al sector. El Ejecutivo abrió la puerta la pasada semana a compensar a estas empresas por las pérdidas sufridas por este servicio. Pero la ... letra pequeña de la fórmula escogida para ello ha generado más dudas que certezas en DKV y Adeslas, que mantienen su 'no' a presentarse a la segunda licitación cuyo plazo acaba el próximo lunes 27 de enero.

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Con ese escenario, el futuro de Muface sigue más abierto que nunca y solo una compañía, Asisa, sigue estudiando los pliegos para saber si le compensa o no acudir al concurso, sin tener tomada aún una decisión en firme. «Este Gobierno ha hecho más que ningún otro en el pasado, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes, una subida del 33%, 1.000 millones de euros adicionales, y ahora lo que espero es responsabilidad de todas las partes y desde luego por parte de las aseguradoras«, ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en TVE.

Fuentes conocedoras confirman a este diario que las tres aseguradoras ya han reclamado por la vía administrativa a Muface una compensación por las pérdidas del anterior convenio (2022-2024) y que sumarían algo más de 450 millones de euros entre las tres.

En respuesta a una consulta pública hecha por Asisa, Muface indicó en el portal de contratación pública que habrá compensación por causas de fuerza mayor y lo que denominan «riesgo imprevisible». Una cláusula que puede aplicarse en situaciones únicas y muy concretas, como pasó en la pandemia del Covid que alteró de forma abrupta los acuerdos iniciales.

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«El problema es que Muface no indica cómo se haría la compensación ni tampoco cuándo», apuntan desde una de las empresas afectadas. «La cláusula de riesgo imprevisible es ambigua; entendemos que se refieren a casos excepcionales, como una pandemia o una escalada inflacionista a consecuencia de una guerra como la que hemos vivido», señalan en otra de las aseguradoras. Es decir, casos muy puntuales y en los que podrían no estar incluidos las subidas que puedan venir de los costes sanitarios de forma general.

En el sector consideran que la fórmula es muy «restrictiva» y preocupa, sobre todo, que el nuevo concierto se vaya a desarrollar en tres años, en vez de en dos como el anterior o incluso uno como propone DKV. En este último caso, la firma ya ha propuesto la posibilidad de establecer un «contrato puente» con Muface. Es decir, mantener un año el servicio mientras se busca una solución al mismo para no dejar en la estacada a sus mutualistas.

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En el caso de Adeslas, las exigencias son mayores. Fuentes de la compañía ya indicaron en su momento que, para evitar pérdidas, la subida de las primas tendría que rondar el 47% para un concierto de dos años, frente al 33,5% ofrecido por el Gobierno (para tres ejercicios).

A menos de una semana para que finalice el plazo, Muface se enfrenta a dos caminos para intentar salvar la sanidad de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. El primero, volver a ampliar el plazo para ganar tiempo e intentar convencer a las aseguradoras. El segundo, convocar una tercera licitación con mejores condiciones, en caso de que Asisa tampoco se presente. «Cualquier acuerdo al que lleguemos tendrá que ser después del 27», apuntan desde el sector.

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Protestas

La tensión se ha trasladado también a las calles, con la convocatoria de movilizaciones este 22 de enero frente a la sede de Muface para pedir una solución a la actual situación del concierto sanitario, que se encuentra aún sin renovar para los años 2025-2027.

En un comunicado, los sindicatos ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO han informado de que saldrán conjuntamente a la calle a las 14.00 horas mañana para unir fuerzas frente a la crisis abierta entre aseguradoras sanitarias y el Gobierno, que supone «un grave riesgo para el servicio sanitario de toda la población».

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«La mala gestión y la falta total de previsión, sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre», apuntan los sindicatos convocantes.

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