El Gobierno desvió 50 millones del fondo de compensaciones para la gran industria al País Vasco

Para el líder de la patronal asturiana, «en menos de un mes» se ha relegado al Principado y al Noroeste en, al menos, «otras dos ocasiones». Una de ellas se refiere a las partidas reservadas en los Presupuestos Generales del Estado para impulsar los corredores del Mediterráneo y el Noroeste: al primero se destinarán 2.000 millones de euros; para el segundo, en el que además de Asturias participan Castilla y León y Cantabria, se destinan 1.200 millones de euros.

A esta situación de agravio se une, según explicó el presidente de Fade en su comunicado de ayer, uno de los acuerdos del pacto suscrito entre el PSOE y el PNV para que los nacionalistas vascos aprobaran los presupuestos. Según la patronal, a la vez que el Ministerio de Industria no lleva al límite de lo permitido por la UE la dotación económica del fondo de compensación por costes indirectos de CO2, como sí hacen otros países, «en el caso de España se derivan partidas» de ese fondo para financiar «planes de renovación de maquinaria que en nada favorecen a Asturias».

Aunque sin nombrarlo, Belarmino Feito se refería explícitamente a uno de los puntos del citado pacto entre socialistas y nacionalistas. En él se establecía la reserva en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año de una partida de 50 millones de euros para financiar un plan renove de maquinaria y herramienta destinado a la industria vasca. Cabe recordar que en esa comunidad autónoma se concentra el 90% del sector de maquinaria de España.

Para atender esta partida, el Ministerio de Industria la ha detraído de los 200 millones de euros que formaban parte del fondo de compensación de costes indirectos por CO2, que ve mermada en 50 millones su cuantía. Este fondo ha sido incluido en el estatuto de las electrointensivas.

La patronal acusa al Gobierno de convertir a Asturias en la «tonta útil» de la descarbonización

Un documento casi idéntico al borrador presentado meses atrás. Con la publicación ayer en el Boletín Oficial de Estado (BOE) del estatuto del consumidor electrointensivo, se confirmaron los peores augurios, que ya se veían venir con los datos adelantados por el Gobierno el martes. Patronales y sindicatos coincidieron en su rechazo hacia un paquete de medidas claramente insuficientes.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, manifestó su descontento sin ambages. Asturias -y su industria- se ha convertido «en la tonta útil y la 'paganini' de la transición energética», ya que el estatuto no tiene en cuenta la singularidad y la realidad del sector -altamente electrointensivo- y lo condena a «una pérdida de competitividad constante frente a sus homólogos franceses y alemanes».

El documento «ni corrige el coste de generación energética, ni aborda el problema impositivo de la estructura de costes, y muchos menos atiende la compensación de costes indirectos sin llevarlo al límite permitido por la UE, a diferencia de lo que hacen otros países», añadió Feito. Ante este resultado decepcionante tras dos años de espera, Fade instó al Principado a defender «con firmeza» ante el Gobierno de España la industria básica asturiana, de manera que termine con el agravio continuado al que está siendo sometida nuestra comunidad autónoma».

También la Federación de Empresarios del Metal y Afines (Femetal) alentó a Adrián Barbón a tomar cartas en el asunto. «Necesitamos un plan de choque específico para la industria básica asturiana y el papel del Gobierno regional liderando esta iniciativa es esencial». De lo contrario, «aumenta el riesgo de pérdida de competitividad» de las electrointensivas de la región, ya que no se consigue reducir el diferencial de la tarifa eléctrica con otros países. Porque el estatuto supone un ahorro de 54 céntimos por megavatio para las hiperelectrointensivas, mientras que el precio final del MWh es de 45 euros, según los cálculos de Unesid, la patronal siderúrgica. Su director general, Andrés Barceló, recalcó que esta herramienta «no soluciona los problemas de fondo del sector». «Es otro clavo en el ataúd», sentenció, al tiempo que criticó que el Gobierno abra el abanico a empresas que nunca habían sido consideradas electrointensivas. Mientras que el secretario general de CC OO de Industria de Asturias, Damián Manzano, advirtió de que pone en peligro casi 10.000 empleos en la región, por lo que hizo un llamamiento a las administraciones, los partidos y las organizaciones empresariales y sindicales para reclamar más compensaciones. Su homólogo en UGT-FICA, Jenaro Martínez, insistió en la discriminación que supone para Asturias que no se reconozca a las hiperelectrointensivas y, además, consideró deficientes las garantías de actividad industrial y de empleo. Mientras que el coordinador de USO-Asturias, Juanjo Estrada, subrayó que «el desastre se ha consumado», por lo que alertó del riesgo de deslocalizaciones.

Las claves

Beneficiarios. Empresas con un consumo superior a 1 gigavatio hora (GWh) y que el 50% sea en horas valle. Serán unas 612 compañías de 60 actividades distintas. En Asturias el Principado calcula que podrán acogerse una treintena.

Compensaciones. Serán de hasta el 85% de los costes por financiación de renovables, cogeneración y extracoste de territorios insulares. El Gobierno calcula que serían unos 90 millones de euros.

Avales. El Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, dotado con 200 millones anuales, avala los contratos bilaterales a medio y largo plazo con eléctricas para fomentar estas operaciones y la extensión de las renovables.

Compensaciones por CO2. El año pasado fueron 172 millones, aunque este se quedaron en 61. Para el que viene están presupuestados 109 en las cuentas del Estado y 110 más del fondo de resiliencia. La industria denuncia la falta de estabilidad.

Condiciones. Obligaciones en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes y mantenimiento de la actividad al menos tres años.