El Gobierno aprueba el PERTE de renovables e hidrógeno, que facilitará la transición en Asturias

El programa está financiado con fondos europeos y el Ejecutivo prevé una movilización de inversiones superiores a los 16.300 millones de euros, de los que el sector público aportará 6.900 y que se espera que atraigan 9.500 de inversión privada. El objetivo es construir una transición energética «maximizando las oportunidades económicas, industriales, laborales, de innovación y de implicación de la ciudadanía y las pymes», según señaló el Ministerio para la Transición Ecológica, que calcula que se puedan crear más de 280.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos y que la inversión movilizada genere un impacto en el Producto Interior Bruto superior a 12.300 millones de euros.

De este PERTE dependerá que salgan adelante los proyectos más importantes para que Asturias aborde su transición energética e industrial, ya que están pendientes de fondos europeos, como el plan para descarbonizar la mitad de la cabecera de Arcelor, el valle del hidrógeno que plantea EdP en Aboño o el 'hub' de este gas renovable que pretenden poner en marcha Enagás y Naturgy en El Musel, estas últimas dos iniciativas unidas, además, a sendos parques eólicos marinos flotantes. Pero también será fundamental para toda la cadena de valor relacionada con las renovables, en la que compañías como Windar e Idesa, del Grupo Daniel Alonso; TSK o Duro Felguera tienen mucho que decir.

El apoyo económico del PERTE se otorgará mediante convocatorias de concurrencia competitiva que seleccionarán los mejores proyectos. Las primeras se lanzarán ya la próxima semana y se espera que estén resueltas en el primer trimestre de 2022. «Se comenzará con el apoyo económico a la cadena de valor del hidrógeno renovable, a sectores industriales como fertilizantes o acero renovable, a las diferentes tecnologías del almacenamiento y a proyectos pilotos con componente social, como son las comunidades energéticas», apuntó ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El grueso de las ayudas estarán disponibles en 2022 y 2023 y los proyectos tienen que ejecutarse hasta 2026. El elemento al que más ayudas se destinan es el hidrógeno, con 1.555 millones, que movilizarán otros 2.800 millones de capital privado en todo el país, cifras, igualmente, muy inferiores a los proyectos que ha presentado ya Asturias. En su momento, el consejero de Industria, Enrique Fernández, habló de 24 iniciativas por importe de 3.236 millones de euros, que luego se elevaron a 34, aunque sin cuantificar económicamente.

No obstante, la comunidad tendrá cierta ventaja. La directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín Murillo, subrayó ayer que el PERTE incluye medidas de transición justa específicas para las zonas más afectadas por la descarbonización, como es el caso de Asturias, «pero sobre todo se transversaliza el apoyo a estas zonas en el PERTE». De hecho, las primeras propuestas de órdenes ministeriales para incentivar el hidrógeno renovable en sectores de difícil descarbonización, publicadas a finales del mes pasado, ya incluyen que se tendrá en cuenta el impacto positivo en zonas de transición justa.

Este PERTE es al que el Principado opta con iniciativas de más calado. Según el último balance de la Oficina de Proyectos Europeos, hay alrededor de dos centenares de planes susceptibles de financiación por parte de fondos europeos, de los que el 40% pertenece, precisamente, al sector energético. Varios de ellos se agrupan en el conocido como Recode, que aúna 21 iniciativas de empresas y entidades regionales agrupadas en un clúster que plantea una inversión de 2.065 millones de euros, el desarrollo de 923 MW de electricidad renovable para abastecer 16 electrolizadores de 392 MW y seis más de 265 MW que que recibirían el suministro de la red.