El Gobierno pone encima de la mesa 1.000 millones más para resolver la crisis de Muface

La nueva licitación de Muface que este martes autorizó el Consejo de Ministros ofrece un total de 4.478 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria de los mutualistas para el periodo de 2025 a 2027, lo que supone 957 millones más que el actual contrato, que también era por tres años y expira a finales de mes.

«Con esta medida, el Gobierno cumple con el compromiso de impulsar una nueva licitación antes de que terminara el año», explicó la ministra portavoz, Pilar Alegría, que volvió a lanzar un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos «porque van a seguir pudiendo recibir la prestación sanitaria tal y como la tenían hasta ahora, mientras se sustancia el nuevo convenio». En la actualidad pueden elegir a principio de año si se decantan por la sanidad pública o por la privada a través de una aseguradora.

El Ejecutivo, con estas dos cesiones (una subida que casi duplica a la de la primera licitación y un año más de contrato) busca atraer a las aseguradoras y cerrar un conflicto que ya se estaba enquistando y mantenía en vilo a cerca de 1,6 millones de empleados públicos.

El ministro de Función Pública, Óscar López, que es quien tiene la competencia sobre esta materia, no podía permitirse una rebelión entre los funcionarios, que ya han salido varias veces a la calle en estas últimas semanas convocados por los sindicatos, una vez que ha sido designado presidente del PSOE madrileño y tiene la vista puesta en usurpar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Por ello ha elevado un 33,5% el precio por la sanidad de este colectivo, formado en su gran mayoría por profesores, pero también por funcionarios de ministerios, de la Agencia Tributaria o de centros penitenciarios. Más concretamente, el coste por año del nuevo concierto será de 1.303 millones de euros para 2025, un 19,35% más; 1.490 millones euros para 2026, un alza del 7,25%; y 1.685 millones de euros para 2027, una subida del 4,32%. De esta forma, la prima media por mutualista al año pasará de los 1.032,12 euros actuales a 1.262,28 en 2027, 230 euros más por funcionario que ahora, una cuantía, no obstante, que está aún muy lejos de los 1.674 euros que le cuesta a la sanidad pública un paciente.

Como novedad, tras la consulta preliminar en la que solo participaron Asisa y DKV y se descolgó Adeslas, se ha cambiado la fórmula para calcular la prima. Se pasa de una prima lineal a un incremento gradual en función de los tramos de edad, de manera que se pagará más por asegurar a los colectivos de más edad y menos por los más jóvenes.

En cualquier caso, una vez publicado el nuevo concierto, se habilita un plazo para que las aseguradoras, que reclamaban una subida del 40%, digan si se adhieren después de que ninguna de las actuales acudiera a la anterior licitación.

Tras quedar vacante el concurso, Función Pública cambió de estrategia y puso en marcha un plan B para tratar de resolver el problema, pese a que el Ministerio de Sanidad abrió la puerta por primera vez en la historia a desmantelar Muface en septiembre de 2025, lo que obligaría a los más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias cubiertos por el sistema –en el que pueden elegir entre pública y privada– a acudir a la sanidad pública.

La cartera dirigida por Mónica García publicó un informe en el que calificó de «inviable económicamente» este modelo y abogó por destinar ese presupuesto, los más de 2.700 millones, al Sistema Nacional de Salud (SNS) ya que «debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición», lo que supondría un incremento del 2,1% en la población bajo el paraguas sanitario de la Seguridad Social.