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La espiral alcista de precios se ha convertido en el principal obstáculo para la recuperación económica, junto al pánico a los efectos de un posible corte del suministro del gas ruso. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se sumó este viernes a la avalancha ... de analistas que han disparado sus previsiones de inflación para el conjunto del ejercicio, ante la evidencia de que lo que hasta hace unos meses era «transitorio» se ha convertido ya en «permanente».
La institución prevé ahora que la inflación media se sitúe en el 7,8% este año, desde el 6,5% que anticipaba hace solo unas semanas. Y eso provocará que el gasto en pensiones, por la revalorización ligada al IPC, se dispare un 10,1% en 2023, generando un coste extra de 15.000 millones de euros para las arcas públicas. La cifra implica unos 2.000 millones más de lo que la propia Airef había calculado en su anterior previsión, cuando aún no se conocía el dato definitivo de inflación de junio, desbocado al 10,2%.
El impacto de esta espiral alcista no se notará solo en las arcas públicas. «Ya se nota de forma clara la merma de la capacidad de compra de los hogares, sobre todo en los de menor renta», aseguró Cristina Herrero, presidenta de la institución. Alertó de que esta situación se da, además, en un contexto en el que los márgenes de ahorro acumulados durante la pandemia «han desaparecido y las condiciones de financiación comienzan a endurecerse».
Pese a la enorme incertidumbre, la Airef solo ha rebajado en una décima su previsión de crecimiento para España para este año, hasta el 4,2%. El motivo de esta 'resistencia económica' hay que buscarlo en las buenas perspectivas sobre el sector servicios y, en particular, del turismo. El segundo elemento que rema a favor de la economía es el buen comportamiento del mercado de trabajo, «con una intensa creación de empleo gracias, sobre todo, a la resiliencia en servicios y construcción».
La Airef ha revisado también sus previsiones fiscales y estima, para su escenario central, que el déficit de las administraciones públicas alcanzará el 4,5% del PIB en 2022, frente al 4,2% del informe anterior de mayo y por debajo del 5% del PIB fijado como tasa de referencia por el Gobierno. El incremento del gasto público por la extensión hasta final de año de las medidas del plan anticrisis está detrás de esta revisión. Y el escenario del saldo público podría haber sido peor de no ser porque también se espera un notable incremento de la recaudación, que compensará en buena parte esa subida del gasto.
Según se desprende del informe de la Airef, solo la prórroga de las medidas para afrontar la crisis energética implicará un incremento del déficit de seis décimas del PIB. En total, la reducción del déficit en 2022 sería de 2,4 puntos respecto al 6,9% en el que el indicador cerró 2021, dato favorecido también por la progresiva retirada de algunas de las medidas relacionadas con la pandemia. En el caso de Asturias, la Airef prevé un déficit del 0,5% del PIB este año.
Empeoran casi cuatro décimas las previsiones de saldo del pasado informe de abril sobre los presupuestos iniciales del Principado, «fundamentalmente al revisarse a la baja los ingresos esperados de fondos europeos y, en menor medida, observarse una ejecución más acusada del gasto ajeno al Plan de Recuperación». Además, el organismo prevé que los recursos esperados al cierre del año en Asturias alcancen el 18,2% del PIB sin considerar los ingresos procedentes de Europa para revitalizar la economía tras la pandemia.
Es decir, que «descenderán un 8% sobre el nivel de 2021», sobre todo por la reducción de las transferencias del Estado: recursos del sistema de financiación, transferencias extraordinarias no condicionadas y ayudas a empresas de la línea covid. «A ello se une una evolución negativa tanto del conjunto de los ingresos impositivos como especialmente de los fondos europeos, que han sido ejecutados en un porcentaje importante en los años anteriores, habiéndose imputado en 2021 la mayor parte de los ingresos del React-EU».
La Airef aprovechó también para dar un toque de atención a la Administración central y, sobre todo, a las comunidades autónomas, para recordar que, ahora que se inician las negociaciones presupuestarias, sería el momento ideal para establecer una estrategia fiscal a medio plazo que ayude a identificar qué gastos son coyunturales y cuáles se han convertido ya en estructurales.
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