El gasto en pensiones en Asturias supera por primera vez los 5.000 millones al año

Con un peso de este colectivo cada vez mayor, no es extraño que la primera medida adoptada por el nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez haya sido elevar las pensiones el 0,9%, igual que el IPC -benefició a 11 millones de personas-, aunque sin incrementos añadidos para las mínimas y sin anunciar su blindaje. En el caso de las pagas asturianas, suben de media 10,5 euros mensuales, una cantidad que crece a 12,4 euros en el caso de las de jubilación, cifras que no tienen una incidencia determinante en el día a día de sus beneficiarios, pero que acumuladas elevan de forma importante la nómina estatal. Solo ese 0,9% de revalorización supondrá en el Principado un desembolso de 44,5 millones adicionales en este 2020, hasta dejar el coste anual rozando los 5.000 millones, cuantía que se superará debido a otros factores que influyen en la evolución al alza de esta partida.

El envejecimiento de la población, que implica la incorporación al sistema de más personas, es uno de los aspectos que disparan el gasto, pero además influye el aumento de la esperanza de vida, que hace que los ciudadanos disfruten más años de este tipo de retribución. Asimismo, se está dando la circunstancia de que aquellos que se incorporan lo hacen con cotizaciones más altas que los precedentes, lo que eleva las pagas. De este modo, cada año la nómina total de las pensiones sube más que el alza que decide el Gobierno.

Así, Asturias cerró 2019 con casi 273.000 pensionistas, 700 más que el año anterior, mientras que la cifra de pensiones (hay personas que cobran más de una) superó las 302.000. De ellas, más de la mitad, 180.600, pertenecen a jubilaciones, pero también hay casi 82.000 de viudedad, cerca de 30.000 de incapacidad permanente, unas 9.000 de orfandad y 1.700 en favor de familiares.

En la última década, la pensión media en Asturias creció un 29%, mientras que la de jubilación lo hizo un 29,5%, muy por encima del IPC. A pesar de los recortes que trajo la crisis, la paga media mensual avanzó de los 908 euros de 2009 a 1.173 en el último mes, mientras que la de jubilación creció de 1.065 a 1.380.

El peso del montante que supone este sistema en la región se percibe aún más si se compara con algunas otras cifras. Así, el coste del sistema en Asturias supera ampliamente el presupuesto total del Principado, recientemente aprobado, 4.757 millones, mientras que supone más del 20% del Producto Interior Bruto de la región (23.340 millones en 2018, el último ejercicio cerrado), un porcentaje similar al del sector industrial.

Y, mientras el lado del gasto aumenta, el de los ingresos no sube en igual proporción. En España, la recaudación por cotizaciones anuales solo alcanza para abonar unas doce pagas, de ahí que para las extras se esté recurriendo al Fondo de Reserva, cada vez más vacío, y a los préstamos. Este desfase es aún más acusado en Asturias, la comunidad con la menor proporción entre ocupados y pensionistas. Según las cifras de la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al tercer trimestre de 2019, y los datos que maneja la Seguridad Social, el Principado cuenta con 2,1 trabajadores por cada jubilado, 1,4 por pensionista y 1,2 por cada pensión, muy lejos del equilibrio necesario. Pero, más allá de esa proporción, también hay que tener en cuenta otro elemento que hace tambalear el sistema: las peores condiciones de los empleos que se crean. Así, tras la crisis, los trabajadores que se incorporan al mercado laboral lo hacen, con frecuencia, con sueldos menores que las pensiones que van a tener que sostener con sus cotizaciones.

De ahí gran parte del desequilibrio en España y que en Asturias se dispara con un déficit superior a los 2.500 millones anuales -se recauda menos de la mitad de lo que se necesita-. El Principado se beneficia así de la caja única de la Seguridad Social, que aplica los recursos con criterios no territoriales. En realidad, como casi todas las comunidades, ya que solo Madrid, Baleares, Canarias y Murcia cubren el pago de las pensiones con sus cotizaciones.

La menor recaudación y el hecho de que Asturias cuente con una pensión media de las más altas del país, como herencia de la minería y del sector industrial, hacen también que la región tenga, además, el mayor déficit por pensión anual, 8.290 euros, según revela el estudio 'Las pensiones en las comunidades autónomas', de José Antonio Herce, publicado el año pasado por BBVA. Precisamente, el peso del empleo industrial, con escasa presencia femenina, implica también que el Principado tenga la mayor brecha de género en la jubilación. Ellas ganan 6.000 euros menos anuales que los hombres por este concepto.

En este contexto, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto liderar una reforma de las pensiones que canalice las reivindicaciones del colectivo, pero también que permita la sostenibilidad del sistema. Lo hará en un nuevo Pacto de Toledo, para que sea el «consenso político y de los agentes sociales» el que decida las medidas, según señaló esta semana Pedro Sánchez tras el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo. El acuerdo, sin embargo, se antoja complicado por la fragmentación del arco parlamentario y la polarización del espectro político. El objetivo es lograr un pacto como el que ya se ha alcanzado en tres ocasiones precedentes desde la fundación en 1995 de esta comisión parlamentaria, pero las reformas son ahora más necesarias que nunca, cuando los primeros 'baby boomers' españoles, aquellos que nacieron en el 'baby boom', tocan a la puerta de la jubilación y harán aún más insostenible el sistema.