La futura ley de Industria dará especial protección a las electrointensivas

En ese sentido, el Gobierno establecerá medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de los procesos y la transición energética. Las instalaciones industriales que se acojan a estas medidas deberán disponer de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo, que describa la senda de descarbonización de la instalación.

La nueva ley, que llega 32 años después de la última atualización, pretende facilitar y acelerar la implementación de la inversiones con el objetivo de materializar grandes proyectos industriales. Sin embargo, también quiere asegurar esas inversiones realizadas en España y, por eso, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país tenga que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno.

No solo eso, sino que en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros, tengan que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla. Así, tras el preaviso al Gobierno, se convocará una mesa de industria con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida. Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas.

Esta decisión se produce, precisamente, en un contexto de máxima preocupación en Asturias tras la paralización por parte de Arcelor de la inversión en la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) no solo del Principado, sino de toda Europa. Incluso con la inversión (que cuenta con una subvención de 450 millones de euros) ya se preveía un recorte de cerca de un millar de trabajadores, pero ahora que el proyecto se ha suspendido por su inviabilidad la cifra puede dispararse.

Por otro lado, el proyecto recoge que también podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de la vigencia del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) «que tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico».

«La Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial«, explicó el ministro del ramo, Jordi Hereu, que incidió en que el texto »aportará modernización, certidumbre y eficiencia«.

«Tenemos un gran objetivo que es la reindustrialización. Esta ley tiene vocación al servicio del país y buscaremos el máximo consenso con los grupos políticos. España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización», concluyó el ministro Hereu.