La OCDE pide igualar el coste de los despidos de temporales y fijos

La organización que representa a 36 países de todo el mundo destaca en su informe sobre la marcha de las reformas estructurales que en España la desigualdad en los ingresos ha aumentado desde 2007 y se mantiene por encima del promedio. Se debe sobre todo a las altas tasas de desempleo, lo que ha derivado en una gran caída de los ingresos de los hogares de clase media.

Por ello, desde la OCDE reclaman que el sistema tributario de España sea más «progresivo» para que las empresas tengan un mayor margen de crecimiento y se reduzca la tasa de paro: «Los cambios en los impuestos corporativos y laborales han hecho que el sistema tributario sea más propicio para el crecimiento, pero aún queda mucho espacio para mejorar la progresividad del sistema».

Así, apuesta por reducir la gran dualidad del mercado laboral, conformado por una gran parte de trabajadores con contratos temporales. «Tener una alta proporción de empleos temporales aumenta la precariedad, limita la movilidad laboral y sube el nivel de pobreza», dice el informe. Recomienda buscar una «mayor convergencia» del coste de despido entre los contratos indefinidos y temporales.

Además, piden a España reducir las contribuciones que el empresario debe pagar a la Seguridad Social si se hace indefinido a los trabajadores con empleos más precarios. Y es que en materia de paro, la OCDE matiza que a pesar de que las reformas de las políticas de activación del empleo han continuado, su implementación «está retrasada». «Se debe hacer más en este área, sobre todo para ayudar a los desempleados de larga duración», señala la institución. Por ello, apuesta por un crecimiento inclusivo basado en la innovación -cuyo gasto bajó «sustancialmente» durante los años de la crisis- para aumentar la tasa de empleo y la productividad.

Ésta se puede incrementar cambiando la carga impositiva de las empresas, con tasas menos «distorsivas», reforzando la competencia con otros países e impulsando la innovación. «Aumentar la movilidad laboral y mejorar el acceso a la educación vocacional disminuiría las desigualdades en el mercado laboral e impulsaría las habilidades», dice la OCDE.

La organización reconoce que en 2017 se introdujeron medidas para ampliar los ingresos vía impuestos con la subida del tipo impositivo para el alcohol y el tabaco. Además, entró en vigor un sistema electrónico de declaración del IVA para hacer frente al fraude fiscal.

En materia medioambiental, apuesta por aumentar la tributación de los combustibles para reducir paulatinamente las emisiones de CO2 y otros contaminantes, aunque asegura que las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita están por debajo del promedio de la OCDE.

Ante las recomendaciones del organismo, la ministra de Hacienda María Jesús Montero se mostró en desacuerdo con que los despidos a la baja solucionen el problema del desempleo. Enfatizó que para el Gobierno es una «prioridad» luchar contra la precariedad laboral y que se cree empleo de calidad, por lo que en el futuro se estudiará una «fórmula» para disminuir más la precariedad, tras los primeros pasos dados a través de Inspección de Trabajo, explicó. Sin embargo, aseguró que no comparten la idea de que «los despidos a la baja hagan que muchas fórmulas neoliberales provoquen una mayor facilidad del despido».

En su opinión, es más eficaz apostar por el diálogo social y por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, como ya ha comentado en más de una ocasión la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. En lo que sí está plenamente en consonancia Montero con la OCDE es en la necesidad de subir el precio del diésel para mitigar las emisiones de gases contaminantes. Su intención es equiparar progresivamente su precio al de la gasolina, en línea con las peticiones del organismo, porque no tiene «ningún sentido» la situación actual. Aseguró que ésta es una medida «disuasoria», más que «recaudatoria».