La lista negra de Montoro

Cristóbal Montoro es ministro de Hacienda desde el triunfo del PP en diciembre de 2011. Ya lo había sido antes conAznar. En 2003, la gala de los Goya se convirtió en un canto al 'No a la guerra' (de Irak) que los artistas entonaron contra el Gobierno que él representaba. Se publicó en varios medios que tras aquel acto, Montoro dijo a los suyos algo así como 'Estos del cine se van a enterar'. Sea verdad o no, el 11-M dio un vuelco al panorama político y Montoro pasó a la oposición. Pero de vuelta al poder, el ministro ha soltado algunas perlas, estas sí grabadas, contra el colectivo de artistas que han dado argumentos a los que hablan de 'vendetta' tras las investigaciones que Hacienda está llevando a cabo en los últimos tiempos a estos profesionales. Uno de los más claros es el actor Antonio Resines, vicepresidente de la Academia del Cine. «Creo que Montoro tiene un problema con el gremio y se está tomando esto como un ajuste de cuentas», dice a este periódico.

El año pasado,el ministro hacía amigos al asegurar que «el problema del cine español no es el IVA, sino la calidad de las películas». Tuvo que disculparse y rectificar. Solo unos meses antes había soltado que «algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España». Era tan fácil que vinieran a la cabeza nombres de los que trabajan en Hollywood, que Antonio Banderas, aunque dijo no sentirse aludido, aclaró:«Yo tributo en ambos países, EE UU y España. Se está dando mucha caña a los artistas». En la gala del cine, Eva Hache bromeaba: «Solo hay un toro que me dé miedo: 'Mon-toro'». También opinó Almodóvar: «Es una jilipollez y una mentira como la copa de un pino. Si hay actores que defraudan a Hacienda, ve a por ellos».

Pues en ello está. Que se sepa, los últimos artistas bajo la lupa han sido Luis Tosar y Joaquín Sabina. El primero lo confirmaba hace tres meses con irónicas palabras: «Montoro es un tipo al que tengo especial aprecio. La investigación está abierta. Dijo que iba a abrir una serie de expedientes y ha sido dicho y hecho». En cuanto al cantante, ha trascendido que le piden cuatro millones de euros al no compartir el criterio utilizado para tributar en años anteriores. No se trata de un delito, sino de una práctica común en el mundo del espectáculo, como es cobrar el sueldo a partir de una sociedad creada 'ad hoc', con lo que en vez de pagar alrededor del 50% que les correspondería como persona individual, contribuyen con el 30% atribuido a las sociedades. No se habla de fraude, como con la cantante Ana Torroja, que acaba de ser condenada a pagar 1,4 millones de euros y a un año y tres meses de prisión (sustituidos por una multa de 9.000 euros), al haber defraudado 796.410 euros en cuotas del IRPF de 2003, 2006 y 2007.

«Lo de cobrar a través de sociedades es lo que hace el 80% de la profesión», dice el mánager de Sabina, José E. Navarro 'Berry'. Su oficina, Berry Producciones, lleva además a Serrat, Pasión Vega, José Luis Perales, el difunto Paco de Lucía... Algunos de sus representados, aunque no quiere precisar, y él mismo están afectados de igual manera: «Me están pidiendo el dinero que he ganado en un año. De momento, Sabina ha pagado y estamos a la espera de los tribunales. Es una injusticia brutal porque en realidad nosotros acabamos pagando lo mismo, el 30% de la sociedad más el 21% cuando se hace el reparto de dividendos. Yo llevo 35 años así. No somos ni más ni menos, pero parece que ahora les ha dado por este sector, como si no tuviéramos bastante con lo del IVA. Por los compañeros sé que todo el mundo está siendo investigado. Todo esto dicho desde el profundo respeto a que hay que pagar impuestos. Y es lo que hacemos».

No se habla solo de artistas, aunque, por ejemplo, las investigaciones a miembros de este gremio con residencia fiscal fuera de nuestro país y con beneficios aquí han crecido un 39% desde la llegada del PP al poder, según fuentes de la Agencia Tributaria. Pero es cierto que Hacienda ha puesto el ojo también sobre futbolistas y presentadores y tertulianos de televisión, como Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera o Jorge Javier Vázquez, al que reclaman 796.000 euros y está pendiente de juicio.

La Unión de Actores, por boca de su secretario general, Iñaki Guevara, no tiene conocimiento de un aumento en las inspecciones: «Esto es muy privado y depende de cada actor. No sé si están investigando a la profesión. No encuentro acoso, aunque de ser así podría verse como un paso más en el ya que existe con otros asuntos. Lo que le ha pasado a Sabina es lo que le puede pasar a cualquier

ciudadano. Y es cierto que lo de cobrar a través de sociedades es algo que se lleva haciendo mucho tiempo. Te ibas a una asesoría, te comentaban que esto se podía hacer, que era legal, decías '¡qué guay!' y ya estaba. Lo que debería hacerse es pedir responsabilidad a las asesorías fiscales». José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), señala que, paradójicamente, en las grandes asesorías suelen trabajar antiguos altos cargos del Ministerio.

Antonio Resines, aunque no forma parte de los investigados -«al que no van a pillar es a mí, que no tengo nada»-, ahonda en este tema: «Aquí hay un problema, porque si la asesoría te dice que se puede hacer así, lo haces. Ahora Hacienda está cuestionando que algunas cosas que se meten como gastos lo sean realmente. De todos modos, la diferencia entre pagar de una forma o de la otra es de un 15%, y hay que decir que Sabina no debe nada a nadie, habrá que ver los millones que ha tenido que pagar. No es fraude, no hay delito, sino mala praxis. Hacienda ha estado permitiendo funcionar de esta manera y mientras todo iba bien no pasaba nada, pero ahora que no hay dinero meten mano. ¿Por qué sale el nombre de Sabina? Es más vistoso ir a por nosotros que a por las grandes fortunas. Montoro se tenía que meter en donde de verdad hay dinero».

El sindicato de los técnicos de Hacienda viene denunciando desde hace tiempo que «el 80% de la plantilla está volcada en investigar a microempresarios, autónomos y pequeños contribuyentes», en contraste con el a su juicio insuficiente 20% que se dedica a los grandes defraudadores, que están quedando impunes. En este sentido, su secretario general, Mollinedo, considera que ejemplos como el de Sabina salen a la luz con intención aleccionadora, «para crear la percepción de que se persigue a los que tienen dinero, porque se escoge a gente que tiene notoriedad». Insiste en que en este caso no se habla de delito, sino de una diferencia de pareceres entre el artista y Hacienda sobre lo que debe pagar, no se busca ocultar ingresos.

«El problema aparece cuando hay una confusión entre la persona individual que realiza la actividad y la sociedad creada, es decir, cuando el principal objetivo de la sociedad es ahorrar impuestos. Entre pagar el 25% o el 50%, dependiendo de las comunidades, imagina que hay muchas personas intentando distraer. No solo artistas o deportistas, sino gente con grandes fortunas que utiliza esto para ahorrarse hasta 30 puntos porcentuales», explica el experto. Aclara que Hacienda quiere que la sociedad declare pagar una cantidad mayor al artista para que la operación esté al valor de mercado, porque a veces es muy grande la diferencia entre los ingresos que recibe la sociedad y lo que se le paga como sueldo. «Pero no hay un mercado común a los artistas, cada uno tiene su propio caché. Hacienda prefiere negociar y suele contentarse con que el profesional eleve su IRPF».

Finalmente, el técnico Mollinedo no habla de «acoso» a los artistas: «Lo que pasa es que no están acostumbrados a estas investigaciones invasivas, porque sí invaden la intimidad y se viven como un acoso. Pero la gente de la calle se enfrenta a ello cada día».