Anticorrupción acusa a Del Valle y Torres Inclán de pagar 89 millones en mordidas en Venezuela

A la marejada de fondo que vive Duro Felguera por su complicada situación financiera se suma ahora una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra la propia compañía; su presidente, Ángel del Valle, y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales. Tras la investigación abierta en marzo de 2015 por supuestos sobornos a funcionarios públicos venezolanos a cambio de contratos en el país bolivariano, el Ministerio Fiscal ha concluido presentando una querella ante la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público acusa a Del Valle y a Torres Inclán de pagar 105 millones de dólares (más de 89 millones de euros) en comisiones -siendo consejero delegado y presidente de Duro Felguera, respectivamente- a personas vinculadas con la Administración de Chávez para sobornar a funcionarios públicos y favorecer los intereses de la empresa, lo que se conoce más popularmente como 'mordidas'. La querella incluye también a antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a sociedades vinculadas a ellos.

Según el texto de la querella remitida a la Audiencia Nacional, las alarmas saltaron el 13 de marzo de 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que detecta pagos en una cuenta del Banco Madrid (ya desaparecido) y advierte de que el grupo asturiano llegó a pagar al viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006 un total de 105.627.600 dólares, (89 millones de euros) entre 2008 y 2013. La Fiscalía considera que Duro Felguera usó la capacidad de influencia que el cargo público tenía en el Gobierno venezolano para conseguir contratos.

La compañía asturiana firmó tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en los años 2008 y 2011, con dos empresas vinculadas al viceministro. En concreto, Técnicas Reunidas (Terca) e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), también querelladas.

El Ministerio Fiscal considera que la finalidad de estos contratos era encubrir el pago de las comisiones y los sobornos para conseguir la ejecución de proyectos en Venezuela. Precisamente, Duro Felguera logró firmar un contrato en 2009 con la compañía Electricidad de Caracas, filial de la pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por más de 1.500 millones de euros.

El proyecto se enmarcaba dentro de los planes de la Administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia.

En ese momento, uno de los empresarios querellado era el presidente de C. A. Electricidad de Caracas, cargo que ocupó hasta que en 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico.

Según el texto de Anticorrupción, los querellados Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Antonio del Valle Suárez, en su calidad de responsables de Duro Felguera, decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos un total de 105.627.600 dólares) a otro de los empresarios venezolanos querellado, con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en su beneficio.

Ello se realizó en contra del criterio de directivos de Duro Felguera, que conocían el proyecto, como el director general de Energía, Francisco Martín Morales de Castilla, actualmente en otra ingeniería.

En 2009, cuando Duro firmó el contrato de Termocentro, el presidente de C. A. Electricidad de Caracas lo era también de la empresa firmante. En 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico de Chávez. El contrato firmado con Duro se enmarcaba en los planes de la Administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas. De los tres contratos de prestación de servicios denunciados por Anticorrupción, dos datan del 3 de diciembre de 2008 y fueron firmados por Duro Felguera y la empresa Terca, representada por el venezolano Luis Barrios Melean, otro querellado. Este último es considerado por la Fiscalía un testaferro del ex viceministro, ya que no podía aparecer en esta operación por conflicto de intereses, al haber abandonado su cargo en el Gobierno apenas dos años antes.

En la querella de la Fiscalía, se constata una relación entre Duro Felguera y personas que ostentaban cargos públicos en Venezuela.

Este querellado ocupó hasta 2006 distintos puestos públicos en Venezuela. Así, fue viceministro de Energía de marzo de 2002 hasta noviembre de 2006 y presidente de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe). Ligado a él (y también cliente del extinto Banco Madrid), se encuentra quien fue viceministro de Desarrollo Eléctrico en Venezuela. Las cuentas del exviceministro en Banco Madrid superaban los 3.000.000 euros.

Con el objeto de aflorar las ganancias procedentes de las anteriores actividades delictivas, el antiguo cargo público venezolano realizó, al menos, las siguientes operaciones económicas que se revelan an en la querella: adquirió un inmueble en La Moraleja, en Madrid, de 732 metros cuadrados. Además, consta una hipoteca a favor del Banco de Madrid para responder de un préstamo por importe de 1.000.000 euros, con una duración de 15 años. El valor de tasación a efectos de subasta asciende a la cantidad de 2.610.366,95 euros.

También consta que el 12 de septiembre de 2012 se transfirieron dos millones de dólares estadounidenses a la sociedad Auyantepuy, INC, cuyo beneficiario final es uno de los empresarios venezolanos, en la sucursal de Miami del Royal Bank of Canadá (RBC).

Además de la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Nacional del Mercado de Valores trataba de recabar información sobre las obras de Duro en Venezuela. En junio de 2016 la CNMV había requerido al grupo industrial ampliar las explicaciones sobre algunos de sus mayores contratos internacionales. En concreto, se había interesado por las previsiones de la empresa sobre la realización del proyecto Termocentro y el cobro de la deuda pendiente asociado al mismo.

El pasado mes de febrero se conocía que Duro había ingresado un cobro de 15 millones de euros de la central de ciclo combinado de Termocentro que el grupo asturiano construyó para la compañía estatal Electricidad de Caracas (EDC).

Venezuela incurrió en demoras en los pagos, aunque nunca los llegó a suspender, según informó el propio presidente de Duro en las últimas juntas de accionistas. Los retrasos acumulados por vencimientos no liquidados se acrecentaron por la debilidad económica del país, agudizada desde 2014 por el desplome del precio del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del país. Según los datos difundidos por Duro al cierre del tercer trimestre de 2016, Venezuela adeudaba en ese momento a la ingeniería asturiana 101 millones por saldos vencidos.

Esta querella se conoce en un momento especialmente complejo para Duro -que negocia una deuda de más de 244 millones de euros con la banca y busca un socio inversor que le aporte liquidez-. Tras la retirada de Acciona del proceso de negociación para entrar en el grupo asturiano, se conocía el interés del fondo de inversión británico Bybrook, que ya presentó una primera oferta indicativa. Este fondo podría poner sobre la mesa entre 75 y 100 millones de los 125 o 150 que se requieren. Pero antes de seguir adelante en su puja por Duro, el fondo de inversión británico quiere que se aclare todo este asunto de Venezuela, también por una cuestión de reputación, dada la situación política del país sudamericano.

En este escenario, los responsables de las federaciones de Industria de los sindicatos CC OO y UGT de Asturias se reúnen hoy con la dirección de Duro, a la que pedirán información sobre la situación real en que se encuentra el conjunto de empresas que componen el grupo y que despeje la incertidumbre que existe en torno al futuro de los puestos de trabajo.

Tanto CC OO de Industria como MCA-UGT han denunciado en los últimos meses «la falta de información hacia los trabajadores que ha sido la tónica general».

«Es imprescindible que el principal activo de la compañía, que son sus empleados, no se vean innecesariamente sometidos a la incertidumbre que significa desconocer cualquier mínima información acerca del futuro de sus puestos de trabajo», sostienen ambas centrales en un comunicado conjunto.

Para MCA-UGT y CC OO Industria, tal como han reiterado durante el proceso de movilización llevado a cabo en los últimos tres meses, la prioridad absoluta en la toma de decisiones pasa por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la presencia de Duro Felguera en Asturias como una de sus señas de identidad irrenunciables. «Los trabajadores no son moneda de cambio ni elemento susceptible de ser manipulado en virtud de intereses que no tienen nada que ver con los suyos propios», advierten los sindicatos.