El fiscal pide diez años de prisión para Braga por el «desvío» de fondos de los cursos de UGT

En su escrito, Bernal del Castillo también pide cuatro años de prisión por «fraude» para María Jesús Ocaña, administradora única de dos entidades vinculadas a UGT, y 10 meses de prisión por cada uno de los cinco delitos que le atribuye en concepto de cooperadora necesaria. Esta última petición la extiende, también, a otros dos técnicos del sindicato, Alberto González Castaño y Silvia Sariego.

El escrito de acusación del fiscal se hizo público ayer, pero lleva por fecha el 23 de enero, dos días después de que la jueza diera carpetazo a la instrucción y decidiera procesar a estas seis personas, acusándolas de desviar 1,46 millones de los cursos de formación.

Gabriel Bernal del Castillo da por probados los hechos descritos por la titular del juzgado número 4 de Oviedo que se encargó de la instrucción. De esta forma, considera que UGT desvió 1,46 millones a sus cuentas procedentes de las subvenciones públicas destinadas a los cursos de formación. Entiende el fiscal que esos desvíos se llevaban a través de del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y tres sociedades -Localmur, Formación 2020 e Infaestur- participadas por el sindicato.

El IFES era el que se encargaba de impartir los cursos de formación. A las otras tres sociedades -de dos de ellas era María Jesús Ocaña administradora única-, este instituto creado por UGT en 1986 suministraba material docente e informático para impartir los cursos. A través de ellas, sostiene el fiscal, el sindicato utilizó un sistema de facturación por horas en el alquiler de locales y aulas con el que «incrementó de forma ficticia» el precio de la renta que UGT pagaba para impartir los cursos. De esta forma, el sindicato presentaba ante la Administración una justificación de gastos por alquiler de locales con unos sobrecostes muy por encima de lo que realmente abonaba a sus propietarios.

Además, en lo que se refiere a las subvenciones que se concedían directamente a UGT, Gabriel Bernal del Castillo considera que el sindicato incluía en la justificación de los costes «gastos de personal» de esta organización que no tenían relación con las actividades de formación.

El fiscal también cree que UGT utilizó los sobrecostes de los alquileres que justificó de forma fraudulenta a «cubrir las pérdidas generadas» en la promoción inmobiliaria llevada a cabo por Colectivas y Unifamiliares Langreo, cooperativa impulsada para acometer una promoción inmobiliaria en este concejo. Para llevar a cabo esta operación se invirtieron 5.442.707 euros y la entidad percibió por la venta de viviendas 4.4243.489 euros, por lo que las pérdidas ascendieron a 1,2 millones de euros. Para «minimizar» los daños, mantiene el fiscal, los responsables de UGT encausados «decidieron servirse» de Infastur y «capitalizarla mediante fondos desviados procedentes de las subvenciones públicas» percibidas por el sindicato e IFES.

En total, las cantidades que el fiscal considera «defraudadas» en las ayudas concedidas al IFES o a UGT de forma directa superan los 1,46 millones de euros.

A Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio les acusa de cinco delitos de fraude, por lo que les pide dos años de prisión por cada uno de ellos. Además, solicita para cada uno de los tres multas que suman 1.176.441 y otra cantidad idéntica en concepto de responsabilidad civil. En total, pide para estos tres exdirigentes sindicales sanciones económicas de 2,3 millones de euros. A UGT solo le responsabiliza de un delito de fraude en subvenciones. El sindicato recibió directamente 122.028 euros en ayudas públicas.