efe
Miércoles, 9 de enero 2019, 11:08
El representante de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el Servicio de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) Ignacio García López ha considerado hoy que es «muy difícil» cometer un delito en la gestión de los fondos destinados a formación, ... porque los controles a las entidades son exhaustivos y el sistema «durísimo».
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García ha comparecido hoy en la segunda jornada de la comisión de investigación abierta en el parlamento asturiano a raíz de la investigación judicial a UGT por el uso de los fondos destinados a cursos de formación, donde ha defendido la actuación del consejo rector del SEPEPA y la existencia de una «malla importante de control administrativo» de la gestión de los fondos.
El representante de FADE ha afirmado que las medidas de control son «exhaustivas en grado sumo» y «cometer un delito es muy difícil porque cada gasto se justifica», aunque ha dicho que un tema «muy distinto» es que la gente falsifique las facturas.
García ha considerado que no hay mecanismo más serio de control que el actual, que es «eficaz», y ha indicado que «posiblemente haya pocos espacios más sujetos a control ahora mismo que la formación», ya que es un sistema «durísimo».
García ha precisado que se refiere al control de las empresas que trabajan con FADE, aunque ha indicado que le sorprendería que hubiera «una prevaricación por parte de los funcionarios» y que estos analizasen sólo unas entidades y otras no, por lo que ha considerado que todas las organizaciones estaban sujetas a «los mismos o similares controles».
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Por otra parte, el representante ha afirmado que el consejo rector siempre se ha caracterizado por un «respeto escrupuloso» a la normativa, a las interpretaciones de la intervención, así como criterio de los distintos órganos administrativos.
«En su conjunto, nos encontramos con un sistema extremadamente tasado, con múltiples limitaciones que encauzan el proceso desde su origen hasta el final y que dejan un estrecho margen de maniobra», ha aseverado García, que ha citado el límite presupuestario, la normativa en materia de subvenciones y los controles cumulativos« autonómicos, estatales y los derivados de la programación de fondos europeos.
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