La exdirectora del Instituto de Formación acusa a UGT de «usar empresas para lucrarse»

Su conocimiento de la causa era, a tenor de su declaración, extenso. No en vano, estuvo al frente de la fundación desde 1987 hasta 2013 realizando tareas vinculadas a la selección de alumnos o al control y evaluación de la justificación documental que aportaban los beneficiarios de las ayudas públicas al empleo. Un flujo de fondos que si bien al principio era exiguo, con la llegada de la Formación continúa acabó convirtiéndose en una lluvia de «miles de millones».

Durante su intervención, Gomis relató que este entramado empresarial resultó una «herramienta importante» en el «tinglado» de los cursos de formación, llegando a destacar dos compañías como Formación 2020 o Localmur. A través de ellas se podían «evitar controles y ser más eficaz» a la hora de gestionar los fondos públicos. La compareciente, que reconoció haber sentido «miedo palpable» durante su etapa en el IFES, explicó además que mediante estas empresas se alquilaban locales y se adquiría material didáctico o equipamientos a un precio mayor que el de mercado para obtener beneficios.

Gomis, que ha puesto estos hechos en conocimiento de la justicia para que determine si lo que ella considera malversación de caudales públicos es constitutivo de delito, aseguró que ha pasado por un «calvario», algo que también ha sucedido a otros trabajadores, que han llegado a sentirse «bastante presionados» por los órganos de dirección del sindicato.

La comparecencia de la ex directora territorial del IFES no fue la única de la primera jornada de la comisión investigadora. Carlos Suárez Peinado, abogado, extrabajador y expresidente del Comité de Empresa de UGT, también participó como declarante para aportar su visión sobre la adjudicación y gestión de los fondos de formación. Así, Suárez Peinado acusó al sindicato de «falta de rigor» en la documentación que le presentaban para justificar estos gastos y al entonces secretario general, Justo Rodríguez Braga, de tomar medidas de «represión» contra él por no firmar lo que la dirección del sindicato pretendía.

El expresidente del Comité de Empresa, asimismo, reconoció que su relación con los cursos de formación fue tan «solo» de cuatro clases que impartió y que no realizó «ningún» tipo de control sobre la gestión y control de los mismos. Tampoco era de su incumbencia controlar la eficacia de las políticas desarrolladas, entre otras cuestiones que se están investigando en esta comisión.

La responsable de Formación de la Fade, Guiomar Álvarez Reyes, fue otra de las comparecientes en la comisión investigadora. En su caso, destacó que la «inmensa mayoría» de los fondos de formación se han gestionado de forma «correcta» en Asturias. Las irregularidades no llegan a alcanzar el «1,5% de los fondos ejecutados en los últimos diez años en el ámbito nacional», según precisó la representante de la patronal asturiana. Fade, según añadió, nunca impartió de manera directa las labores de docencia, sino que se la encomienda a proveedores de formación externa y cuenta con un protocolo que asegura la no implicación de los miembros de la federación con las empresas proveedoras.

El exjefe del Servicio de Programación, Gestión y Seguimiento de la Formación para el Empleo (Sepepa), por su parte, alegó no haber visto «ningún tipo de irregularidad» salvo una «pequeña excepción» ya remitida a la Fiscalía.