Delia Losa asegura que el aplazamiento del estatuto de las electrointensivas no afectará a Alcoa

El Consejo de Ministros no aprobará mañana el estatuto para los consumidores electrointensivos. Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno, Delia Losa, tras una reunión mantenida con los sinducatos UGT, CC OO y USO a petición de estas organizaciones. La «imposibilidad» de darle el visto bueno al proyecto de real decreto destinado a abaratar el coste energético a las empresas electrointensivas para que no pierdan competitividad y, sobre todo, a impedir el cierre de las plantas que Alcoa posee en Avilés y La Coruña está en un informe publicado hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El organismo regulador «presentó algunas consideraciones que es preciso abordar porque afectan a la seguridad jurídica del estatuto; en consecuencia, es imposible aprobar ahora un estatuto que podría correr el riesgo de ser calificado de ilegal o ser anulado en el supuesto de que no se aborden esas consideraciones», explicó Losa. No obstante, reconoció que este documento no es vinculante, es decir, que el proceso podría seguir adelante pese a los peros puestos por la CNMC.

La delegada del Gobierno quiso subrayar que el hecho de no aprobar el estatuto en el último Consejo de Ministros, a lo que se había comprometido la ministra de Industria, Reyes Maroto, no significa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «haya abandonado el compromiso firme de luchar por conseguir esa normativa que va a garantizar que las industrias electrointensivas sigan teniendo viabilidad y específicamente el compromiso del Gobierno con Alcoa». De hecho, recalcó que las negociaciones para encontrar un comprador para la planta avilesina continúan desarrollándose. Hay tres que reúnen, de manera más clara, los requisitos para garantizar la supervivencia de la aluminera, apuntó. Es más, Losa aseguró que los posibles inversores han manifestado al Gobierno que no precisan del estatuto para la industria electrointensivas. «No afecta a su interés», indicó.

Un talante muy diferente mostraron los representantes sindicales, que ya apuntaron su intención de movilizarse en contra de esta decisión «tanto en lo que queda de esta campaña como en la siguiente». El secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, habló de «decepción» y «falta de respeto», ya que el estatuto era una herramienta fundamental para la salvación de Alcoa. «Si no se invierte, se llaman planes de cierre y el mejor ejemplo que tenemos desgraciadamente a la vuelta de la esquina es la situación dramática de Alcoa, cuya solución se aleja», indicó.

Su homólogo en UGT, Javier Fernández Lanero, recalcó que se trataba «de un compromiso» del Gobierno, no de una ventaja más, que surgió por la crítica situación de Alcoa. Hizo hicanpié en que el informe de la CNMC no es vinculante, por lo que sería prioritario «dar solución al compromiso político y, si posteriormente hubiese alegaciones, se analizarían y buscarían las posibles soluciones en su momento». Para Israel Castro, de USO, «el Gobierno nuevamente ha engañado a los trabajadores de Alcoa» y con el aplazamiento de la aprobación del estatuto «están abocados al despido». 

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