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PALOMA LAMADRID
gijón.
Jueves, 13 de febrero 2020, 02:30
El Gobierno pretende impulsar la compraventa de energía renovable como mecanismo para reducir la factura eléctrica de la gran industria. Para ello, el Estado cubrirá estos contratos bilaterales (denominados PPAs) con 814 millones durante diez años. Así lo recoge la memoria del impacto ... económico del estatuto de los grandes consumidores de energía. La creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas permitirá fomentar la adquisición de energía eléctrica procedente de instalaciones de generación renovable, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado de energía. Es decir, que las propias electrointensivas cerrarán los acuerdos con las empresas suministradoras para lograr precios competitivos.
Este fondo «asumirá los resultados de la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de la contratación de adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Según las primeras estimaciones del Gobierno, esos riesgos se cuantifican en 814 millones en el plazo de una década para un consumo total de unos 16.296 GWh/año. Estimación que se calcula con la previsión de que el 80% de los consumidores electrointensivos firmen contratos de este tipo -hay 612 beneficiarios potenciales en total- y lo hagan, de media, por importe del 50% de su consumo.
Teniendo en cuenta, además, que las garantías que suele pedir el vendedor al consumidor electrointensivo se estiman aproximadamente «en unos cinco euros por MWh negociado». «Considerando que el 'pool' (el mercado mayorista de la energía) durante el año 2019 fue de 47,68 euros/MWh, representaría un coste anual de 777 millones de euros», especifica la memoria. Gracias a los contratos bilaterales, el Gobierno prevé que los consumidores electrointensivos podrían reducir el precio de la energía de su consumo base (aproximadamente el 50% del consumo) hasta en diez o quince euros el MWh sobre el precio de mercado.
Además de mecanismos para recortar sus costes eléctricos, el estatuto plantea ciertas obligaciones. En este sentido, las empresas «deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas». Beneficiarse del estatuto no solo depende del consumo -1 GWh al año como mínimo-, sino del sector. Por ejemplo, se incluye el textil, pero no se hace referencia expresa al lácteo.
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