España defiende que las ayudas al carbón cumplen con la regulación de la UE

Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, indicaron a Europa Press que estas ayudas se financian a cargo del sistema y no con presupuestos, y subrayaron que cuando se constituyeron "no entraban en la definición de ayuda pública". Asimismo, destacaron que el sistema de ayudas era "respetuoso" con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en que se puso en marcha.

Además, subrayaron que la Comisión Europea conoce este esquema, que ya está cerrado y termina en 2020, desde hace años y "nunca ha dicho nada hasta ahora". No obstante, España está dispuesta a continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día, añadieron las mismas fuentes.

España introdujo en 2007 un sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en centrales de carbón existentes para reducir las emisiones de este compuesto por debajo de determinados límites. En contrapartida, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un periodo de diez años.

Desde que se puso en marcha, se han acogido a este esquema un total de catorce centrales de carbón, que han recibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas.

La Comisión Europea cree que las ayudas podrían vulnerar un principio "fundamentado" de la legislación europea sobre ayudas de Estado por el cual los Estados miembros "no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente", según indicó este lunes el organismo.

El Ejecutivo comunitario ha remarcado que, de ser ciertas estas sospechas, el sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea.

En cualquier caso, Bruselas ha señalado que la apertura de la investigación busca determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que ha añadido que "brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación".