«Es una anomalía democrática seguir con los presupuestos prorrogados»

–¿Cómo se encara una crisis tan diferente a la de 2008?

–Ya estamos inmersos en una crisis que no tiene una causa económica de fondo como ha pasado siempre, no solo en la de 2008. Hoy vivimos una crisis que consiste en el cierre de la actividad económica por razón de salud pública, que no había ocurrido nunca en la historia. No se va a superar si no se supera la crisis sanitaria en primer lugar, pero hay que entender que es temporal, aunque nadie es capaz de decir ahora cuánto va a durar. A partir de ahí, hay que aspirar a que la economía se recupere cuanto antes, a que vuelva el escenario de 2019, mediante políticas eficaces. Esto significa que hay que recuperar el empleo de casi nueve millones de personas en nuestro país y va a llevar su tiempo, hasta finales de 2022 según todos los pronósticos.

–La FEMP aprobó ayer la propuesta de Hacienda sobre el remanente. ¿Es imprescindible regresar a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ahora suspendida por Europa debido a la pandemia?

–Son normas que nos han hecho llegar muy lejos en la profundización de Europa. Hoy estamos combatiendo esta crisis gracias, en primer lugar, al Banco Central Europeo, ya que sin él no tendríamos toda la financiación que está llegando. Unos recursos que son históricos porque, por primera vez, Europa se endeuda, como concepto, para llevar adelante recursos que sirvan para que los países sean capaces de hacer frente a esta situación.En un país descentralizado, como es España, el Estado de las autonomías hay que entenderlo también con la presencia de las administraciones locales, que tienen mucha importancia. Institucionalmente nunca han tenido tanto sentido como ahora porque son las que están más cerca del ciudadano. Y es la Administración que mejor conoce las necesidades de las familias en este contexto. Ahora los ayuntamientos están preparados presupuestariamente, mientras que hace unos años ocurría lo contrario, y quieren utilizar, ya no el superávit, sino los remanentes. Creo que es el momento de hacerlo porque son ellos quienes están más pegados al terreno. Es hora de que las administraciones que están más saneadas utilicen esos recursos precisamente para esas prestaciones económicas de atención social.

–Sánchez gobierna con los llamados presupuestos de Montoro. ¿Es insostenible prorrogarlos durante más tiempo?

–Es una anomalía democrática de primer orden en el sentido de que se han cumplido dos años desde nuestra salida del Gobierno y en ese tiempo ha habido un Ejecutivo alternativo, es decir, que hubo una mayoría parlamentaria que votó una investidura, pero no hay presupuestos. ¿Cómo es posible que haya una mayoría para una moción de censura y una investidura y no para el presupuesto? Es una anomalía porque evidentemente no se está consiguiendo que esas mismas voluntades se reúnan en torno a un presupuesto que es el que sintetiza las políticas del Gobierno. Sánchez está gobernando con las políticas del Ejecutivo anterior. Pero está claro que la situación no da más de sí y de cara a 2021 es necesario un presupuesto nuevo, sobre todo por las relaciones financieras con la UE.

–El Principado aboga por una armonización fiscal para evitar la competencia desleal. ¿Qué opina de la estrategia de comunidades como Madrid de bajar impuestos para atraer inversiones?

–Yo era ministro de Hacienda cuando, en 2002, conseguimos el primer sistema de financiación autonómica que da capacidad normativa en materia de imposición patrimonial a las comunidades. En el sentido de que no es solo una cesión de recursos, sino decir que los parlamentos autonómicos tienen capacidad para decidir sus impuestos de carácter patrimonial y de otro tipo. Sistema que debo recordar que fue aprobado por todas las comunidades. Ahora no te puedes quejar de que se ejerza esa autonomía fiscal. Puedes decir que el sistema es incorrecto, porque si no estás diciendo que tomen la decisión por ti.

–¿Deben cambiarse los factores que pesan en el reparto de financiación autonómica?

–Creo que hay actualizar todos los parámetros que definen las necesidades de gasto, aunque los sistemas anteriores ya introducían factores como el envejecimiento de la población, que afecta especialmente al norte de España. Pero hay que revisar si ha sido eficaz esa inclusión en el sistema para financiar correctamente los servicios públicos. Asturias y el resto del norte de España, así como el centro, no han recibido tanta inmigración como otras zonas. Por tanto, en términos poblacionales, también hay que atender a esos cambios, ya que España, desde el año 2000, ha incrementado su población un 15%.

–¿Es un problema grave el déficit del sistema público de pensiones?

–Este año va a ser excepcional en déficit público, por lo que vamos a fijarnos en 2019, que se cerró con un 2,6% del total de nuestras administraciones públicas, del cual el de pensiones fue del 1,4%. Puede colegirse que su peso es muy alto, pero, en 2011, el déficit público fue del 9,6% y las pensiones no lo tenían. En realidad, las pensiones son un componente en nuestra Administración y, además, juegan un papel determinante en la corrección de las desigualdades sociales y esto es lo que valorar. Es más preocupante tener un déficit público del 9,6% que del 2,6%. Por eso hay que evaluar el déficit de las pensiones de manera distinta.