La regasificadora de El Musel está llamada a «jugar un papel importante» en la transición energética. Por ello, el Principado insta al Gobierno central a acelerar su tramitación, después de que en abril de 2021 se aprobase la declaración de impacto ambiental, «un hito muy ... significativo», según ha señalado hoy la directora general de Energía, Belarmina Díaz, en la comisión de Industria celebrada en la Junta General. Desde ese momento, ha explicado, Enagás (propietaria de las instalaciones) y el Ministerio para la Transición Energética «trabajan intensamente» para redefinir el modelo de negocio. Una tarea que se ha visto enturbiada por la situación energética, «que cambia de forma brutal de un día para otro».
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«Enagás está trabajando en cómo incorporar el hidrógeno como vector energético dentro de la regasificadora», ha señalado. Además, Díaz ha hecho hincapié en que mantener la planta, cuyas obras de construcción finalizaron en 2021, tiene un coste anual, por lo que el Principado «urge» al Ejecutivo español a apurar los trámites para que «pueda arrancar ya». La regasificadora «podría dotar al sistema gasístico de nuevas potencialidades», con lo que sería una baza para sustituir la potencia que ha perdido Asturias tras el cierre de las térmicas, recorte que se incrementará en los próximos años.
Caramelos La Asturiana
En la comisión también ha participado el consejero de Industria, Enrique Fernández, quien ha informado de que el Principado ha pedido a Inspección de Trabajo que investigue las actuaciones llevadas a cabo por parte de los propietarios de Caramelos La Asturiana en los últimos meses, «actitudes que son difícilmente comprensibles» desde el punto de vista empresarial. En este sentido, Fernández ha aludido a movimientos «presuntamente delictivos en la gestión de activos y de los trabajadores», a quienes la compañía adeuda varias nóminas. El consejero no ha descartado que el asunto llegue a los tribunales para reclamar «responsabilidades jurídicas». De hecho, Caramelos La Asturiana actuó de forma «negligente» al no renovar el ERTE por fuerza mayor solicitado durante los meses más crudos de la pandemia, por lo que se cobraron prestaciones indebidas.
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