Enagás inicia el proceso para poner en marcha la regasificadora de El Musel

En cualquier caso, la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel parece estar más cerca, después del real decreto aprobado por el anterior Gobierno del PP el pasado 25 de mayo y que, entre otras cuestiones, abre la puerta a su uso para almacenaje y 'bunkering' (suministro de combustible de barco a barco) de gas natural licuado (GNL). Además, dicho decreto levantaba la moratoria de 2012, que paralizaba la puesta en marcha de varias infraestructuras gasistas, previstas cuando la demanda aún no se había desplomado por la crisis.

Al retomar la tramitación de las autorizaciones administrativas relativas a estas instalaciones, que el real decreto-ley 13/2012 había dejado en suspenso, se abría la puerta a la posibilidad de desbloquear la situación de la planta gijonesa.

La regularización y puesta en marcha de la instalación de El Musel ha venido siendo una de las reivindicaciones del Gobierno asturiano desde que concluyó su construcción, en octubre de 2012, y en la que Enagás invirtió más de 380 millones de euros. El Gobierno central decidió mantenerla en 'periodo de hibernación', basándose en un informe de la Comisión Nacional de la Energía que consideraba que la planta gijonesa no era necesaria al disponerse de capacidad para atender la demanda interna con el resto de instalaciones ya en funcionamiento.

La regasificadora gijonesa, uno de los 'proyectos estrella' del puerto, ha tenido, además, obstáculos de índole judicial. Tras las denuncias presentadas por varios colectivos ciudadanos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid requirió a Enagás para la demolición de la planta. Ya en el año 2008 la plataforma contra la regasificadora advertía de que la planta incumplía la distancia legal de seguridad (2.000 metros como mínimo) con las viviendas más próximas, las situadas en el barrio de El Muselín. Pero en octubre del año pasado, el TSJM dictó un auto por el que rechazaba la petición de demoler la planta. Una vez salvado ese proceso y con el nuevo decreto, queda ahora la autorización administrativa para que pueda activarse.