«No se trata solo de respaldar a Duro, sino de apoyar a la industria asturiana»

Duro Felguera se encuentra en una situación de «último recurso», en palabras de su propio consejero delegado, José María Orihuela (Pontevedra, 1962). Todo pasa por lograr el rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así lo explicará esta mañana en una junta de accionistas compleja y distinta a todas las que ha conocido esta centenaria empresa, tanto por su contenido, como por su celebración telemática, y tras haber informado de unas pérdidas de 114 millones de euros en el primer semestre, que se atribuyen a los efectos de la pandemia.

-¿Cuál es la situación real de Duro Felguera?

-En el primer semestre hemos deteriorado todas las pérdidas ocasionadas por la covid. El objetivo era que tuviésemos esas pérdidas auditadas y pudiesen servir para la solicitud que estamos haciendo al fondo de solvencia. La situación es de último recurso, por eso hemos solicitado esa ayuda temporal, en este momento de baja contratación, baja facturación, sin el apoyo del sindicato bancario y sin la llegada de inversores.

-Este fondo se concibe para paliar los efectos de la pandemia, ¿cómo les ha afectado la covid?

- Se está produciendo la ralentización de los trabajos. Nuestros equipos no pueden desplazarse, los clientes nos derivan la situación crítica por la que ellos atraviesan, se tensan las relaciones...

En el caso de Jebel-Ali, ha afectado con la ejecución de unos avales y la terminación del proyecto. Fruto de toda esa situación hemos provisionado alrededor de 100 millones, que coinciden con la ayuda solicitada.

-Reconocen que sin ese apoyo estatal habrá dificultades para continuar. ¿Es un aviso a la SEPI?

-No es un aviso, es la ratificación de lo que estamos haciendo. El fondo nace como una opción de último recurso. La compañía no tiene líneas de financiación, no tiene posibilidades de que entren nuevos inversores y está en una situación deteriorada. Las cuentas ratifican que la ayuda del fondo de solvencia tiene todo el sentido del mundo y justificamos esos 100 millones con unas cuentas auditadas. Cuando no se tienen más alternativas es cuando se permite esa solicitud.

-¿Qué pasaría si la SEPI rechaza ese rescate?

-Esta es una opción de último recurso y no me corresponde anticipar decisiones, pero todos los consejeros confiamos en que esa decisión sea positiva y se adopte lo más rápidamente posible. No tendría sentido seguir deteriorando la compañía, seguir esperando. Hacemos un llamamiento a las Administraciones públicas: si va a ser que sí o que no, que se decida lo antes posible.

-¿Cuánto tiempo puede aguantar Duro Felguera en solitario?

-Sin el apoyo del fondo, muy poco, pero con el apoyo pensamos que tenemos un plan estratégico viable y atractivo para muchos inversores, que generará confianza, pero la forma de generarla es que entre este fondo. No se trata solo de respaldar a Duro Felguera, sino de apoyar a la industria española y a la asturiana. Hay muy pocas empresas que operen en el sector de Duro, entre ellas Abengoa, que también está en una situación complicada. Sería una pena que cayesen y que el Gobierno de España no apoyase a estas compañías que suponen industria, tienen tecnología, reputación internacional... No hay que verlo en la perspectiva de Duro sí o no, sino que hay que apoyar a la industria. No podemos dejar caer empresas como Duro Felguera.

-¿Qué ha cambiado para que ahora se vaya a analizar la propuesta de Blas Herrero que consideraron «no legal e inviable»?

-La posición del consejo es la misma. Hay un inversor que quiere inyectar 8,5 millones de euros y puede acceder al mercado o solicitar una ampliación de capital. Bajo esa perspectiva, el consejo no tiene nada que decir. Estamos abiertos a cualquier inversor. Otra cosa distinta es que intente gestionar la compañía desde fuera, haciendo propuestas que seguimos diciendo que no son legales ni viables. No entendemos que una persona que no tiene nada que ver con la compañía se permita el lujo de criticar determinadas acciones sin tener conocimiento de causa. Todo ello hace mucho daño, no solo a las negociaciones con la banca, sino que genera distorsión con las Administraciones que tienen que evaluar la solicitud de ayuda y con los trabajadores que llevan sufriendo desde hace años.

-¿Por qué su propuesta no es legal ni viable?

El fondo tiene cuatro requisitos fundamentales: que la ayuda sea la mínima posible, que no se incremente el patrimonio de la compañía a 31 de diciembre de 2019, que la situación sea generada por la crisis de la covid y los gestores tienen que creer que la devolución de la ayuda es posible. Nuestra propuesta cumple esos cuatro requisitos. Si el préstamo que pedimos fuera de 200 millones -el plan de Blas Herrero- no sería creíble garantizar la devolución, por eso no es viable. Nuestro plan mantiene un equilibrio entre los 70 millones de préstamo y los 30 de capital, que pensamos que es el máximo que aceptaría la SEPI para no tener más del 51% de la compañía. Además, su propuesta no es legal porque no tenemos provisiones por 200 millones por la covid.

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-La banca continúa sin liberar avales...

La banca hizo un esfuerzo de refinanciación enorme en 2018 y si Duro sigue viva es gracias a ello, pero la compañía cometió entonces un grave error y no firmó la línea de avales de 100 millones que la banca estaba dispuesta a dar. Y cuando llegó el nuevo consejo de administración se descubrieron 150 millones de deterioros que no se habían dotado y esto generó una desconfianza enorme que no se ha podido revertir. Hemos tenido que gestionar una herencia muy difícil. Siempre hemos pensado que la forma de generar esa confianza era con el apoyo público. Entendemos la posición de la banca, pero es una situación que se ha prolongado mucho. La compañía ha reducido ahora su riesgo, 175 millones en avales y 200 millones de potenciales riesgos. Creemos que independientemente de que venga el fondo de solvencia, la banca debería apoyar a la compañía, máxime si entra el sector público. Ahora tenemos menos riesgos que hace dos años.

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-Los trabajadores han rechazado prorrogar el ERTE. ¿En qué situación está ese proceso?

Los trabajadores llevan sufriendo desde 2017, incluso desde 2016, y demuestran gran capacidad de resiliencia y coraje. Nosotros nos incorporamos a finales de 2018 y, cuando intentábamos repuntar, ha llegado el mazado del coronavirus. Levantar toda esa situación nos está costando muchísimo trabajo, pero estamos apoyando al máximo el empleo. Hemos decidido concentrar la toma de decisiones en Asturias, de ahí el traslado colectivo desde Madrid, y solicitamos un ERTE, al igual que muchísimas compañías. No hemos hecho ningún ERE. Aprobamos un ERTE por unanimidad con los sindicatos para unos 640 trabajadores y afectó a unos 300 al mes. No lo han querido prorrogar y habrá que proponer otra negociación. Esta es la mejor opción hasta que la compañía se estabilice. Estas operaciones están encaminadas a mantener el empleo.

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-¿Qué espera de la junta de accionistas de esta mañana?

-El objetivo es triple: explicar la gestión de 2019 y aprobarla, también explicar la situación detallada de la compañía y aprobar el resto de puntos del orden del día. Queremos pedir el apoyo de los accionistas en el supuesto de que entre el fondo de solvencia, que confíen en nuestro plan de viabilidad y en nuestro plan estratégico. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación de último recurso. Esta compañía tendrá un futuro si entra el sector público.