La SEPI se da 10 días más para responder a Duro Felguera ante el bloqueo de la banca

El argumento de la SEPI es que el expediente quedó paralizado durante el tiempo que pasó entre que pidió al grupo asturiano una actualización del plan de viabilidad, que incluyera las hipótesis financieras derivadas de las negociaciones con la banca acreedora para la renegociación de la deuda, y su presentación por parte de la compañía. Diez días, por tanto, de suspensión del proceso.

El anuncio, que fue realizado ayer a través de un hecho relevante remitido por Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supone que la resolución del expediente vuelve a retrasarse. El motivo es el mismo que ha venido dilatando el proceso en las últimas semanas: las negociaciones con las entidades financieras para reestructurar los 85 millones de euros de deuda. Las partes, aunque han logrado algunos acercamientos, siguen sin llegar a un punto de encuentro. Mientras las entidades financieras -Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankia, BBVA, Liberbank y Banco Cooperativo- se niegan a poner en riesgo más dinero tras la quita que aceptaron en 2018, la compañía plantea que la reestructuración tiene que ser acorde con el plan financiero y de viabilidad que ha aceptado ya la SEPI. La sociedad estatal, por su parte, no acepta dar el visto bueno al rescate hasta que no cuente con el sí de los bancos. Esta situación está enquistando el proceso y pone al grupo en una posición aún más delicada. Su situación ya crítica se ha visto agravada debido al impacto de la pandemia, pero también por su imposibilidad de contratar ante la falta de avales.

El pasado 28 de agosto, Duro solicitó al fondo de rescate 100 millones de euros, 30 a través de una ampliación y 70 de un préstamo participativo, petición que en diciembre amplió a otros 20 millones, en este caso mediante un préstamo ordinario, debido al deterioro del negocio durante los meses anteriores. La compañía esperaba la respuesta, incluso, en diciembre, pero los requerimientos de la SEPI, primero, y el bloqueo de la negociación con la banca, después, han dilatado el proceso, que se extenderá por encima de los seis meses que estipula el real decreto, que da medio año para responder, y transcurrido ese plazo sin una resolución expresa, se entiende que ha sido desestimada.