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«El ERE de Vesuvius no se puede entender de otra forma que no sea una deslocalización». Con estas palabras definió el consejero de Industria, Enrique Fernández, la situación planteada por los dueños de la planta langreana que da trabajo a más ... de 100 familias asturianas y que ha planteado un expediente de extinción de actividad cuyo periodo de consultas acaba el lunes. El consejero compareció ante el Pleno de la Junta del Principado para responder una serie de interpelaciones y preguntas de diferentes grupos. Fue la portavoz de IU, Ángela Vallina, la que puso sobre la mesa la situación de Vesuvius, reclamando al responsable de Industria del Gobierno regional la convocatoria de una mesa con agentes sociales y partidos políticos en la que se trate de alcanzar «un gran pacto» para tratar de revertir la situación que vive el sector en Asturias.
El consejero de Industria recordó que Asturias acogió a Vesuvius «con su mejor capital humano» así como con la concesión de subvenciones, y que la situación que plantean ahora «no es justa». «Esta decisión de la empresa supone algo inesperado. En los meses anteriores, durante los contactos habituales, no hubo indicios que nos hicieran sospechar. La noticia cogió desprevenidos incluso a los trabajadores, que habían firmado recientemente un nuevo convenio», señaló. La portavoz de IU reclamó al consejero «soluciones» que eviten que este tipo de casos se vuelvan a repetir, una de ellas instar al Gobierno central a derogar la reforma laboral de 2012, que eliminó la capacidad de los ejecutivos regionales de autorizar este tipo de expedientes en función de una serie de normas. «Necesitamos un Gobierno estatal. Tanto el PSOE como Asturias somos damnificados por el bloqueo», afirmó el consejero, quien recordó una serie de medidas que pretende impulsar el Principado, como la lucha por imponer un arancel ambiental, la aprobación del estatuto de las electrointenisvas y los convenios de transición justa. «La industria asturiana está obligada a reinventarse, con países con regulaciones más laxas y costes más bajos haciendo competencia».
Enrique Fernández recordó que su departamento reclamó a la empresa la ampliación del periodo de consultas del ERE, un proceso que, según afirmó, se ha hecho «con demasiada precipitación. La mesa de negociación con el ministerio se ha planteado buscando exclusivamente la continuidad de la empresa», afirmó. Una mesa cuya primera reunión se celebró en la jornada de ayer y a la que firma envió a dos expertos de una subcontrata, rechazando que ninguno de sus ejecutivos se sentara en la misma. «Ayer la empresa no se presentó por motivos personales. Nosotros también tenemos motivos personales, los de 128 familias».
El Pleno celebrado esta mañana dio para más. La portavoz de IU pidió al Principado que reclame al Gobierno central que utilice su peso en Europa para reclamar los cambios legislativos necesarios para defender a la industria en asuntos como la imposición de un arancel ambiental o la puesta en marcha del estatuto de las industrias electrointensivas. El consejero de Industria recordó el papel que el Ejecutivo autonómico tuvo en la redacción del borrador de la norma que pretende garantizar un precio estable de la energía para las grandes consumidoras y que no llegó a materializarse por la convocatoria de elecciones.
La Sanidad también ocupó parte del tiempo de un Pleno que se alargó durante tres horas y en el que el presidente de la Cámara, Marcelino Marcos Líndez, impuso una gran rigidez en la gestión de los tiempos de las intervenciones. La diputada de Vox, Sara Álvarez, pidió al Consejero de Salud, Pablo Fernández, medidas para acabar con la falta de profesionales, especialmente médicos. El consejero señaló que el problema no es exclusivo de Asturias, que afecta incluso al ámbito europeo, y que ya se han puesto en marcha medidas para tratar de paliarlo, aunque recordó que el «número de plazas depende en gran medida del Gobierno central. Uno de nuestros objetivos es que la tasa de interinidad baje al 8%. Hace 3 años estaba en el 17% y ahora estamos cerca del 10%».
Por su parte, la diputada del PP Gloria García, reclamó al Gobierno que adopte medidas para acabar con las listas de espera en las escuelas de 0 a 3 años. La diputada planteó la posibilidad de que el Principado haga conciertos con escuelas privadas y beque a las familias que se acojan a esta solución. Otra de las soluciones planteadas por la representante de los populares es que el Gobierno regional se haga cargo de la gestión de esta etapa educativa. La consejera de Educación, Carmen Suárez, señaló que se trabaja en nuevos convenios con ayuntamientos y que otros han decidido ya ampliar la red de instalaciones de este tipo, soluciones que permitirían acabar con el problema. Carmen Suárez recordó que el Principado cuenta con un crédito ampliable para hacer frente a los gastos de estas escuelas en función de las necesidades del sistema.
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