El Principado utilizará todas las «armas jurídicas» para evitar el cierre de Vesuvius

Partidos, sindicatos y trabajadores expresaron ayer su respaldo a la plantilla, que ya salió, con éxito, de una situación semejante en 2009. El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló que la decisión de paralizar la actividad de la factoría situada en el polígono industrial de Riaño era una «mala noticia» para la región. Pero aseguró que el Gobierno autonómico, al igual que el central, tendrán «una reacción inmediata». Es más, Barbón subrayó que el Principado se ha puesto a trabajar «desde el minuto uno» con el objetivo de encontrar soluciones, para lo que se puso en contacto con la plantilla.

El presidente asturiano recalcó que, al igual que ocurrió en el caso de Alcoa, se utilizarán todas las «armas jurídicas» al alcance del Ejecutivo regional para revertir este escenario. En este sentido, indicó que el Ministerio de Industria ya es conocedor de los pormenores de este asunto. «Estamos en contacto con los trabajadores, que son los primeros a los que hay que respaldar», enfatizó antes de realizar una visita al Museo de Bellas Artes, en Oviedo.

Barbón aprovechó la ocasión para incidir en la urgencia de que la Unión Europea aplique un arancel mediomaniental que permita a las empresas mantener su competitividad. Sin esta restricción a los productos procedentes de países extracomunitarios -cuyos costes de producción son mucho menores debido a contar con normas sobre reducción de emisiones más laxas- «no habrá una solución estable» para la industria, argumentó el presidente.

Precisamente, Vesuvius -con sede en Reino Unido- justifica la decisión de paralizar su actividad en las plantas de Langreo y Miranda de Ebro (Burgos), donde hay 17 empleados, por la reorganización de los trabajos que realizan todas sus fábricas en Europa ante la crisis del acero, provocada por el exceso de capacidad y el incremento de las importaciones. Para intentar atajar esta situación, la directora general de Industria, Rosana Prada, se estrenó en el cargo con una reunión a la que acudió el consejero del ramo, Enrique Fernández; la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y el comité de empresa, compuesto íntegramente por representantes de CC OO.

Tras el encuentro, Prada anunció que el Principado tiene previsto reunirse «próximamente» con Vesuvius Ibérica, aunque no concretó una fecha ni se había puesto en contacto con la compañía. Solo apuntó que desde el Ejecutivo regional se pondrán «todos los medios» para tratar de buscar acuerdos y «revertir» la situación, de modo que la empresa no se vaya de Asturias. Asimismo, Prada destacó que responsables del Ministerio de Industria habían trasladado al Principado que iban a poner «todo de su parte» para buscar soluciones. «Nos han dicho que podemos contar con su apoyo para todo lo que necesitemos», añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Langreo declaró que la intención de Vesuvius supone un «mazazo terrible», que llega en «el peor momento en un territorio que está sufriendo las consecuencias de la crisis». Arbesú aseguró que la empresa tiene beneficios y acusó a sus directivos de «jugar» con los trabajadores y sus familias. Los partidos con representación en la Junta General también se pronunciaron sobre esta delicada coyuntura. La portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, lo hizo durante el pleno institucional del Día de Asturias, al hablar de «una situación complicada ante la que no se escatimarán esfuerzos ni desde el Gobierno de Asturias ni desde el central por buscar acuerdos y soluciones que permitan revertirla».

Álvaro Queipo, diputado del PP, lamentó esta «pésima noticia para la industria asturiana y, concretamente, para las cuencas mineras», y puso el acento en que Vesuvius plantee este ERE en la planta langreana y no en otras también ubicadas en Europa. «Habría que preguntarse si Asturias es realmente ese paraíso para las empresas que pregona Adrián Barbón o si, por el contrario, a la hora de competir con otras regiones europeas, salimos perdiendo», declaró. Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Gil, urgió al Principado a dejar «los anuncios electoralistas» y demostrar que maneja políticas específicas «para proteger a la industria asturiana», que es parte esencial del territorio y por cuyo mantenimiento es esencial velar. Además, instó a Barbón a asumir sus responsabilidades y no ejercer como «delegado del Gobierno estatal».

En una línea similar se expresó Susana Fernández, diputada de Ciudadanos, quien apremió al Principado a «afrontar de una vez por todos y de manera inmediata la falta de competitividad de la región». Asimismo, apuntó que se trata de «un ejemplo claro de mala aplicación de las políticas de subvención a la actividad empresarial». La portavoz de IU, Ángela Vallina, reclamó al Gobierno español que presione ante la Unión Europea para responder a las «políticas desestabilizadoras» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que están teniendo «consecuencias negativas para la economía mundial».

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, mostró su inquietud por esta «nueva vuelta de tuerca en la desindustrialización y desertización de Asturias», al mismo tiempo que Pedro Sánchez «sigue pretendiendo aplicar medidas que condenan al Principado a la ruina económica, laboral y social». El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, también hizo alusión al conflicto: «O se toman medidas inmediatas arancelarias temporales en Europa, al tiempo que se ataca un plan de competitividad ambicioso, o el futuro asturiano, lamentablemente, será un futuro sin industria».

Por otro lado, el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, avanzó que el sindicato exigirá que se retire el ERE al considerar que «no está justificado» y que solo busca una «deslocalización a terceros países». Según explicó, Vesuvius obtiene beneficios, tiene carga de trabajo y no había emitido «ni una señal en sentido contrario». Damián Manzano lamentó que una empresa regional «productiva, fiable y rentable» haya sido «echada abajo» por una multinacional.