El Principado exigirá a Iberdrola y Naturgy «que hagan inversiones en Asturias»

Recordó que, en 2010, se aprobó una directiva europea que impide la continuidad de las instalaciones que no hayan realizado las inversiones pertinentes para reducir las emisiones contaminantes más allá del 30 de junio de 2020. Pero la aplicación de esta normativa no es óbice para esquivar responsabilidades con las zonas donde se asientan ambas centrales. «Si han estado explotando los recursos de estos dos territorios durante tanto tiempo, lo que no pueden hacer es marcharse ahora, aprovechando una norma jurídica, para no hacer nada», apuntó Barbón en referencia a la intención de Iberdrola y Naturgy de acometer una tramitación simplificada en lugar de la ordinaria.

«Exigiré, y lo voy a hacer con el Ministerio para la Transición Ecológica, que estas dos empresas hagan inversiones en Asturias», recalcó, al tiempo que especificó que deben realizarse en las zonas afectadas por el cierre de las térmicas, ubicadas en Langreo y Tineo. El objetivo es que ese esfuerzo inversor permita generar actividad económica y empleo en dichos puntos de la geografía asturiana. «Es la exigencia que tenemos en el Gobierno del Principado para creernos que la transición ecológica es justa», añadió.

Estrategia conjunta

Barbón indicó, además, que no había mantenido contactos directos con las compañías energéticas, pero sí con el departamento que dirige Teresa Ribera, ya que considera que es un tema en el que debe implicarse el Ministerio para la Transición Ecológica. «Es importante que lidere, con nosotros de la mano, el mensaje sobre las empresas para que, a la hora de afrontar el proceso de cierre, tengan en cuenta que deben establecer planes de inversión territorial de actividad económica y empleo. Es importantísimo», sentenció. En este punto, hizo alusión al proceso seguido para facilitar la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, que finalmente se completó con éxito a finales del mes de julio. Barbón indicó que, desde el inicio de la lucha por salvar a las factorías de la aluminera del cierre, había abogado por involucrar al Gobierno central en las negociaciones. «Es la mejor manera de que las empresas se vean obligadas a hacer esas inversiones», aseguró.

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, respaldó punto por punto las consideraciones de Barbón sobre la pretensión de Iberdrola y Naturgy de acelerar la tramitación del cierre las térmicas. «No puede ser tan sencillo para estas empresas energéticas hacer las maletas e irse», remarcó Fernández, quien confirmó que exigirá que, en los planes de cierre, incorporen los impactos medioambientales y socioeconómicos sobre la zona y que aporten soluciones. La siguiente fase, continuó, consistirá en plantear contratos de transición e inversiones en las que participen las propias empresas asentadas en el territorio, las administraciones y los agentes sociales para dar un futuro a estas comarcas.

Procedimiento simplificado

La decisión de ambas compañías de optar por un procedimiento simplificado tampoco es bien vista por los representantes de los trabajadores. En concreto, el secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, trasladó esta misma semana un mensaje a Teresa Ribera: «Tiene que frenar el cierre de las centrales térmicas de Lada y Tineo porque estas empresas están intentando estafar a la ciudadanía iniciando un procedimiento administrativo de cierre simplificado».

A su juicio, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene la responsabilidad de «evitar los cierres de esa manera porque hay que ir a un procedimiento ordinario, que es mucho más garantista y, además, plantea seguridad medioambiental». Asimismo, Zapico instó a Ribera a exigir que dichas centrales térmicas, si finalmente son clausuradas, «tengan un proyecto industrial alternativo que genere empleo y actividad económica en la zonas».

Naturgy presentó el pasado mes de enero la solicitud de cierre de la central de Soto de la Barca, mientras que Iberdrola hizo lo propio en noviembre de 2017. Ambas están pendientes de que el Gobierno apruebe o deniegue los permisos para el cese de actividad.