A partir de hoy, a fichar en las empresas

Desde hoy, las horas extra estarán controladas. Todas las empresas, independientemente del número de empleados que tengan o sector al que pertenezcan, deben registrar de manera obligatoria y a diario el inicio y el cese de la jornada laboral de todos los miembros de sus plantillas. Así lo establece el Real Decreto aprobado el pasado 8 de marzo, aunque su aplicación se pospuso hasta este domingo para dar tiempo a las compañías para ponerlo en marcha. Un margen que el Gobierno ha vuelto a incrementar, aunque sin especificar cuánto.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró que la norma se tiene que cumplir «con seriedad», pero «sin agobios». De ahí este nuevo tiempo de gracia, que algunas fuentes apuntan a que podría llegar a ser hasta de un mes para aquellas firmas que al menos lo estén negociando de buena fe con la representación de los trabajadores.

El objetivo es acabar con las horas extras impagadas. Se estima que el año pasado en España se realizaron 6,45 millones de horas de más y casi la mitad de los trabajadores no las cobraron. Pero además el Gobierno cree que la medida también beneficia a las empresas, pues les permitirá medir la productividad y tomar decisiones relacionadas con el aumento o la disminución de la plantilla, así como la posibilidad de mejorar la gestión de los turnos. Además, espera que sirva también para favorecer la implementación de horarios más flexibles en algunas compañías.

Aquellas que no cumplan el registro horario se exponen a sanciones que van desde los 626 euros hasta los 6.250.

Más problemas

La norma no ha quedado exenta de polémica, pues son muchos los empresarios que consideran que se trata de una medida que aún está muy verde y cuya razón de ser está en castigar al incumplidor y controlar así las horas extra que no se pagan. Desde la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) señalan que el registro «no es nada positivo» puesto que, a su juicio, «se crean bastantes más problemas que el que se intenta resolver». Así lo afirmó el director general de la patronal, Alberto González, quien apuntó además que «ha sido muy precipitado».

Tampoco ha pasado desapercibida para los autónomos que no han dudado en mostrar su incertidumbre ante la aplicación de este control de jornada, especialmente porque muchos de ellos no cuentan con un centro de trabajo físico. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que casi 600.000 actividades no podrán implantarla y critican la falta de «seguridad jurídica» de la norma. Además, afecta principalmente a las compañías más pequeñas -que representan el 95% del tejido empresarial del país y que tienen menos de 5 trabajadores-, puesto que según la CEOE la mayor parte de las firmas grandes y medianas ya tienen implantado desde hace tiempo algún tipo de registro horario para sus trabajadores. Es el caso, por ejemplo, de las grandes industrias, donde los turnos rotativos obligan a llevar un control.