Parter y Alcoa cierran la venta de las plantas y la plantilla exige garantías para su futuro

Solo falta la firma para que Parter se haga cargo de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña y, salvo que se produzca algún cambio, se llevará a cabo hoy. La multinacional aluminera había exigido al fondo de inversión suizo que presentara 26,9 millones de euros de capital circulante antes del 30 de julio y debía hacerlo por medio de un contrato de crédito o de préstamo suscrito con un banco que cuente con una calificación 'investment grade', es decir, con bajo riesgo de quiebra para asegurar la operatividad de ambas fábricas. Y Parter, según han confirmado fuentes cercanas al proceso, cumplió con este requisito y se convertirá desde hoy, tras firmar el acuerdo de venta con Alcoa, en el nuevo propietario de sus factorías. De hecho, está previsto que su presidente visite la planta de San Balandrán esta misma semana.

El Ministerio de Industria, Alcoa y los representantes de los trabajadores se reunirán esta mañana en la sede ministerial y por la tarde, la empresa y los sindicatos volverán a encontrarse para poner fin a la comisión de seguimiento del ERE. Han pasado más de nueve meses desde que el 17 de octubre Alcoa anunció los cierres de Avilés y La Coruña y esta larga negociación, repleta de altibajos, pero la solución no es ni de lejos definitiva. Es lo que advirtió ayer el comité de empresa de Avilés antes incluso de conocer los avances que se habían dado en el proceso de venta. Y es que el fondo suizo solo garantiza el pleno empleo durante dos años y a partir de ahí lo condiciona por un lado, al volumen de ventas de las factorías y por otro, a la rebaja de los costes energéticos.

Así, las plantas deberán acumular una facturación superior a los 170 millones de euros en 2021 para que Parter garantice la continuidad de hasta 500 trabajadores, una cantidad que se reduciría hasta los 400 puestos si las ventas superan los 87 millones. La cifra podría aumentar si la tarifa eléctrica se abarata y aquí entra en juego el compromiso asumido por el Gobierno central tanto con el grupo suizo como con los trabajadores. El Ejecutivo entregó en junio una carta a Parter en la que aseguraba que reducirían la factura un 20%, entre 12 y 15 euros por megavatio, por medio del estatuto de las electrointensivas. De esta manera, el nuevo propietario de las plantas podría volver a arrancar las series de electrólisis -las instalaciones donde se produce aluminio primario y que le dan a las factorías su carácter electrointensivo- para producir aluminio primario y garantizar una mayor cantidad de puestos de trabajo.

Sin embargo, este reglamento, cuyo borrador se hizo público el pasado mes de marzo y tuvo que volver a revisarse después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) advirtiera de que no se ajustaba a la normativa europea, vuelve a estar en el aire por la ausencia de un Gobierno con plenas funciones.

«Que nadie piense que la venta de las plantas a Parter es una solución definitiva porque eso es mentira. El futuro de los trabajadores pasa por arrancar las series de electrolisis y en estos momentos estamos muy lejos de eso», advirtió ayer José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de empresa de Avilés, cuando aún desconocía que el proceso de venta de las plantas estaba prácticamente cerrado, solo a la espera de que se rubrique el acuerdo.

En términos similares se expresó Alberto Grijalbo (USO), secretario del comité, quien incidió en que «si se sella la venta, deberemos vigilar que el Gobierno cumpla lo que prometió. Esto no se va a acabar mañana (por hoy), sino que empieza otra etapa». Y llegan a ella «muy cansados», tal y como indicó Daniel Cuartas (UGT), vicepresidente del comité, pero dispuestos a luchar por el futuro de toda la plantilla y por mantener la actividad en las dos factorías. «Seguiremos peleando para asegurarnos de que todos cumplen. El Gobierno que debe aprobar el estatuto de las electrointensivas lo antes posible», añadió Cuartas.