Carola Hermoso - Directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid)
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Carola Hermoso - Directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid)
«Necesitamos un marco regulatorio que permita invertir en la siderurgia»Carola Hermoso (Madrid, 1974) lleva apenas tres semanas al frente de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), la patronal española del sector, aunque ni mucho menos era desconocida en la casa, donde ya trabajó más de una década. Ahora, esta ingeniera de Puertos con ... más de 20 años de experiencia en el sector industrial sustituye a Andrés Barceló, que se jubila, y asume la dirección general de la organización, en la que Arcelor tiene un peso relevante. Concede a EL COMERCIO su primera entrevista, consciente de que le tocará trabajar en un momento crítico.
–¿Estamos ante la peor crisis que ha vivido la siderurgia?
–La crisis actual no es normal. Hay elementos nuevos. El principal es China, que está produciendo la mitad del acero mundial, que ya no solo tiene sobrecapacidad, sino que su demanda interna está descendiendo. Ha perdido unos 140 millones de toneladas de demanda desde 2020 y todo ese acero se está dirigiendo masivamente a mercados exteriores. A eso se suma la subida de costes. Los precios del gas y la electricidad nos hacen mucho daño, por lo tanto, los márgenes y la rentabilidad se están resistiendo terriblemente. Encima tenemos el reto de la descarbonización, que requiere inversiones milmillonarias, y luego está la guinda del pastel, que es la situación de Alemania. Con debilidad de la demanda y problemas de márgenes, ¿quién va a hacer grandes inversiones?
–¿Cómo se debería proteger a la industria de esa entrada masiva de acero extracomunitario?
–Las medidas de salvaguardia comercial existentes finalizan a mediados de 2026, ahí tenemos un precipicio arancelario. Estamos en un momento de reflexión sobre qué vamos a hacer contra esos productos que llegan a precios de derribo. No solo es la sobrecapacidad, sino que tienen costes energéticos muchísimo más bajos, ayudas estatales, no tienen los mismos costes laborales, ni ambientales. Europa es pionera en sostenibilidad, pero estamos en mercados internacionales, el acero viaja muy bien, y tenemos grandes amenazas.
–El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) presenta grietas. ¿Qué debe cambiar?
–El CBAM ha sido una petición histórica de la industria, que ha estado soportando un coste del CO2 que implica riesgos de deslocalización. Pero si no se articula bien tiene consecuencias. La primera es que los terceros países no calculen de manera fiable su huella climática, falseen los datos y esa tasa de CO2 no responda a la realidad. Hacen falta mecanismos de verificación fiables y transparentes. En segundo lugar está la elusión, cambios para evitar las obligaciones del CBAM, como modificar ligeramente las mercancías o desviar los productos a un país intermedio y reexportarlos para pagar menos. Por ello, las cadenas de suministro deben ser rastreables. El tercer problema es el de las exportaciones. El CBAM las deja desprotegidas. Es un tema prioritario porque tenemos que seguir siendo competitivos.
–El PP Europeo proponía atrasar dos años la aplicación del CBAM.
–Necesita mejoras, pero retrasarlo no es una opción. De hecho, también estamos proponiendo que se amplíe a la cadena de valor del acero, porque corremos el riesgo de que, para eludir el CBAM, llegue producto ya procesado.
–E India va a aumentar aún más su capacidad...
–Sí, y también el norte de África, que nos queda muy cerca. Todo esto va a agravar la situación. Muchas de esas instalaciones no son bajas en emisiones. Si destruimos la industria europea vamos a acabar importando productos de otras ubicaciones con mucha mayor huella climática.
–Trump ya está en la Casa Blanca. ¿Qué prevén de su mandato?
–Nuestro interés es que siga habiendo una relación fluida, que haya acuerdos. Trump ha dicho que EE UU va a salir de varias organizaciones internacionales y nos preocupa que eso se extienda a la Organización Mundial del Comercio. Además, hay posibles efectos colaterales, como barreras arancelarias a terceros países, y que estos busquen nuevos mercados y su acero acabe en Europa. Estamos en modo de alerta.
–La Comisión Europea ha presentado esta semana su Brújula por la Competitividad, hace poco fue el informe Draghi, después llegará el Clean Industrial Deal, el plan del acero. Hay muchos informes pero, ¿qué pasos debe dar?
–Mi impresión es que la competitividad de la industria es una prioridad central en la hoja de ruta de la nueva Comisión. Unesid ha mandado ya una batería de propuestas. Se tienen que abordar los temas energéticos, los precios, la seguridad de suministro, aplicar herramientas razonables en la senda de la descarbonización, mejorar el CBAM o cómo enfocar la política comercial. Nuestro mensaje es claro, el acero es fundamental para nuestra autonomía estratégica, para la seguridad, para la defensa, para el desarrollo de las renovables... Europa tiene que ser autónoma en cuanto a su producción de acero.
–A partir de 2026 comienzan a reducirse las asignaciones gratuitas de derechos de emisión. ¿Qué puede hacer el sector?
–El acero tiene dos rutas fundamentales, la eléctrica y la integral, que es más intensiva en CO2. Somos conscientes del reto, porque el sector supone el 7% de las emisiones globales, pero para descarbonizar nuestra industria hacen falta inversiones milmillonarias. Hay estimaciones de que entre 20.000 y 30.000 millones de euros. Necesitamos ambas rutas, porque aunque la eléctrica es menos intensiva en CO2, su materia prima fundamental es la chatarra y su disposición es limitada. Necesitamos la ruta integral para producir acero a partir del mineral de hierro, aunque su descarbonización presenta muchos retos.
–Hace falta el hidrógeno verde, que no va a llegar en el corto plazo.
–El hidrógeno requiere grandes inversiones y con sus costes actuales no salen los números. El precio del acero se incrementaría entre un 30% y un 50%. En un escenario de precios bajos y de problemas globales como el actual, ¿quién va a asumir una inversión que no solo es muy elevada, sino que además va a incrementar sus costes de producción? Las inversiones normalmente se hacen para ser más competitivos. Y luego está la realidad del mercado. Sí hay una demanda de acero bajo en CO2, pero los clientes no están dispuestos a pagarlo.
–¿Cuál es la salida?
–Financiación. Si realmente queremos seguir una ruta de la descarbonización, necesitamos financiación. En España, por ejemplo, dentro de la Ley de Industria, ya hemos hecho una propuesta. Los ingresos por las subastas de derechos de CO2 fueron de 3.500 millones en 2023 y pedimos que una parte significativa de esos ingresos, que recibe el Estado y que paga la industria, se destinen a su descarbonización.
–Con las asignaciones gratuitas de derechos de emisión a la baja, ¿dejarán de ser viables los hornos altos?
–No tengo una bola de cristal, pero soy optimista. Si ponemos los instrumentos adecuados que permitan que se produzca acero bajo en carbono competitivo, la producción europea será viable.
–Pero los proyectos de reducción directa del mineral de hierro (DRI) están aparcados y las acerías eléctricas no son siderurgia integral...
–Eso es una estrategia de cada empresa. Hay una diversidad de soluciones y ninguna es descartable. Lo que necesitamos es un marco regulatorio que permita las inversiones. Además, hay que definir qué es acero verde. Tiene que haber un esquema y una coherencia.
–¿Sobrevivirá la siderurgia integral?
–Confío en nuestros reguladores, en que la Comisión presente una batería de propuestas que permita descarbonizar las plantas de Asturias, que el marco regulatorio acompañe y haya una financiación razonable.
–La financiación llega, por ejemplo, de los PERTE, pero en Asturias estamos viendo cómo hay empresas que renuncian a las ayudas.
–Uno de los problemas del PERTE ha sido el famoso principio DNSH, que implica no causar perjuicio significativo al medio ambiente. La inversión tiene que ser 100% verde. Muchos proyectos se han venido abajo porque es inviable cumplirlo. No es blanco o negro. Se debe permitir una aproximación gradual, primero usar gas, y ya hay una reducción de emisiones, y luego, cuando esté disponible , hidrógeno verde.... Pero aquí es, si no cumples, no te doy un duro. Luego, la intensidad de la ayuda era demasiado baja y eso ha desincentivado proyectos importantes, a lo que se suma el hecho de que la concurrencia fuera no competitiva. Esto ha favorecido a pequeños proyectos. Es un sistema un poco injusto, por orden de llegada, y no de importancia. Además, se da una financiación para la inversión, pero no a los costes operativos. Si usar hidrógeno aumenta los costes entre un 30% y un 50%, debería haber herramientas que permitan abordar ese opex.
-Dentro de esta crisis europea, ¿en qué situación está España?
-No estamos en una situación ideal, pero estamos mejor. Alemania, desde 2021, ha perdido una cuarta parte de su producción. En España estamos en 13,3 millones de toneladas, sería mejor estar en 14 o 15, pero no estamos tan mal. La construcción se mantiene, el automóvil está algo mejor que en 2021. El problema es de costes. Hay un consumo interno que se mantiene, pero los márgenes se ven muy reducidos.
-Pedro Sánchez, en el Día del Hidrógeno de Enagás, presumió de que España tiene la energía un 30% más barata que el resto de Europa.
-No, no y mil veces no. España tiene una energía barata, pero la industria la paga muy cara. A pesar de la penetración de renovables. ¿Por qué? Una de las partes más dañinas son los servicios de ajuste, que a las empresas no conocen. No hay una estabilidad y no pueden planificar porque no se sabe cuánto van a pagar. Los PPA (contratos bilaterales a largo plazo) son una solución, pero están fijados al futuro de la electricidad. Son precios muy altos. Y luego está la compensación por los costes indirectos de CO2, en Alemania dan el 100% y aquí no. Se ha elevado de 300 a 600 millones, pero no a los 800 u 850 que debería ser. Tenemos desventajas competitivas. El Gobierno español tiene que ser realista y darse cuenta. El sistema de fijación de precios marginal debería cambiar, pero no hay mucha voluntad política. Cuando se planteó en la Comisión no fue posible.
-A eso se añaden impuestos, como el de generación, que se ha recuperado, y el decreto ómnibus que ahora ha dejado fuera la exención del 80% a los peajes eléctricos.
-El tema de los peajes nos va a costar a la siderurgia 40 millones de euros. Es escandaloso. Las empresas tienen que planificarse, tener una hoja de ruta, y si planifican teniendo en cuenta de que va a haber un descuento en los peajes y ahora resulta que no. Eso es un caos interno. Esas medidas tienen que ser estructurales. No puede ser que estemos al albur de las discusiones políticas. Le pedimos al Gobierno que encuentre una solución, puede ser un precio específico para la industria o que el estatuto de los electrointensivos tenga realmente contenido, que ahora está vacío, pero algo que realmente represente un ahorro.
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