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La dirección del astillero La Naval de Sestao ha comunicado este miércoles a los representantes sindicales que la empresa se encamina a un proceso concursal, la antigua suspensión de pagos, al haber fracasado todos los intentos por encontrar inversores que inyecten dinero fresco y restauren el equilibrio patrimonial, perdido como consecuencia de la importantes pérdidas acumuladas en los últimos años. La decisión se abrir un concurso de acreedores de continuidad -que supone la no liquidación de la empresa- se ha anunciado al término de una junta extraordinaria de accionistas celebrada esta mañana en el propio astillero.
La Naval había intentado desde el pasado mes de abril materializar una ampliación de capital, en la que se había situado como posible nuevo inversor al empresario asturiano afincado en Miami Manuel del Dago, quien había planteado la adquisición del 80% de las acciones de la compañía por un mínimo de 42 millones de euros. Sin embargo, Del Dago no ha confirmado la inversión, si bien algunas fuentes apuntan que puede volver a aparecer más adelante.
La quiebra de La Naval supone poner en peligro una actividad industrial importante para la margen izquierda del Nervión y para el conjunto del País Vasco, que da empleo directo a unas 1.800 personas. De ellos, 215 pertenecen a la plantilla fija del astillero mientras que el resto forman parte de contratas externas.
En la actualidad, La Naval tiene en proceso de construcción cuatro buques en diferente grado de maduración. El más avanzado, un barco destinado a la instalación de cables submarinos -el ‘Living Stone’-, aún requiere entre seis y siete meses de trabajo para estar terminado. También hay dos dragas en construcción y un ferry de pasajeros, encargado por Balearia, que es el que se encuentra menos avanzado.
La presentación de la solicitud de concurso por parte del astillero implica la inmediata intervención judicial de la empresa, que nombrará un administrador encargado de supervisar cualquier decisión interna. Todo apunta a que en los próximos meses el juzgado abrirá un proceso de liquidación, en el que se estudiarán las propuestas que puedan existir para hacerse con la propiedad de los activos.
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