La huelga de Madrid deriva en un debate nacional sobre la regulación del taxi

Fue el Partido Popular el que abrió el melón. Los populares, solo minutos después del desalojo de la Castellana y cuando miles de taxistas rodeaban literalmente su sede, anunciaron que presentarán en el Congreso una proposición de ley para que el sector del taxi esté regulado a nivel estatal, con una liberalización del mismo y la creación de un fondo para recomprar las licencias de los taxistas. Pablo Casado y otros dirigentes del PP acusaron a Pedro Sánchez y al Ejecutivo de «cobardía» y de «incendiar» al sector al traspasar a las autonomías un problema de su competencia.

La dirección popular, pero también Ciudadanos, se alinearon hoy sin fisuras con la bestia negra de los taxistas, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien volvió a insistir en que no va a copiar la fórmula con la que la Generalitat ha acabado con el conflicto en Cataluña; esto es un decreto para obligar a que la precontratación de servicios como los Uber o Cabify se haga con una antelación de entre quince minutos y una hora.

«Ese acuerdo no es posible porque en Madrid hay libertad de mercado». Garrido apuntó que Cataluña es una región que camina hacia «la Edad Media», con prohibiciones para construir más hoteles o medidas contra la «turistificación», y que Madrid no va a ir en ese sentido. «Eso es lo contrario de lo que va a hacer Madrid, con libertad de mercado y de competencia», dijo poco antes de que miles de taxistas se manifestarán por la tarde en la Puerta del Sol ante la sede del Gobierno regional para exigir soluciones al mandatario madrileño.

Para entonces, los insultos a Garrido y al PP habían subido mucho de tono tras el desalojo a las siete de la mañana de los 2.000 taxistas y sus vehículos que desde la madrugada del domingo ocupaban la Castellana, el principal eje norte-sur de la ciudad. El Gobierno, al que el PP y Ciudadanos venían acusando de inacción tras siete días de incidentes y heridos, decidió limpiar la céntrica vía enviando un millar de antidisturbios y decenas de grúas, aunque con la orden de evitar a toda costa las cargas. No obstante, durante las tres horas de intervención, al final hubo seis taxistas heridos leves y un policía lesionado. «No pueden poner la ciudad patas arriba ni secuestrar a la ciudadanía», justificó Ana Botella, la secretaria de Estado de Seguridad.

Las palabras de la mano derecha de Fernando Grande-Marlaska fueron las más duras oídas estos días desde el Gobierno contra los taxistas. El Ejecutivo, y sobre todo sus socios parlamentarios de Podemos que se han puesto del lado del gremio frente a las VTC, han evitado criticar a los huelguistas. El ariete del Ejecutivo en esta lucha contra el PP y sus administraciones es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, enzarzado en una disputa personal con el propio Garrido.

Al final, el conflicto del taxi, según reconocen todas las partes ha creado dos bloques: PP, Ciudadanos y VTC, que hoy se manifestarán frente a la sede del partido que lidera Pablo Iglesias; y PSOE, Podemos y taxistas enfrente.