Guindos ve un «aperitivo» la marcha de 800 empresas de Cataluña si se independiza

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el decreto ley que establece un nuevo marco para agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas en territorio nacional, ante el desafío independentista en Cataluña.

"El cambio de domicilio social de las 800 empresas es solo un aperitivo si la independencia se llega a concretar, cosa que este Gobierno no va a dejar que suceda", ha remarcado De Guindos, quien ha insistido en que "no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico estable" y ha culpado a las políticas "irresponsables" de la Generalitat de la situación actual en Cataluña.

De Guindos ha asegurado que entiende que la salida de empresas de Cataluña "escueza en determinados ambientes", pero ha insistido en que "los que generan riqueza y empleo ponen de manifiesto las políticas enloquecidas y fuera de la realidad" de la Generalitat.

En este sentido, ha advertido de que si se llega a producir la independencia de Cataluña, el territorio quedaría fuera de todos los tratados de la UE y cerca del 70% de sus productos quedaría sujeto a aranceles y restricciones administrativas a nivel comercial, lo que produciría una "brutal" pérdida de competitividad.

Asimismo, se quedaría fuera del euro y de sus órganos económicos, a lo que se sumaría que todos los activos catalanes no serían elegibles como garantía para ventanas de liquidez y la restricción crediticia de los años de crisis serían "un chiste con lo que podría ocurrir". A su vez, la hipotética 'peseta catalana' desplazaría al euro y habría una devaluación de la divisa y de los ahorros de los catalanes que "correrían a intentar proteger sus ahorros en euros".

A nivel presupuestario, la recesión originaría problemas comerciales, financieros y la capacidad recaudatoria se vería por consiguiente mermada, por lo que "no se podría hacer frente ni a la Educación, ni a Sanidad ni a los principios básicos del Estado de Bienestar", ha advertido.

Por ello, cree que se llegaría a una monetización del déficit, a la generación de inflación y a la falta de acceso al mercado de capitales, de forma que su ratio de deuda pública PIB estaría "absolutamente inflado" y llevaría al "empobrecimiento" de la sociedad catalana.

"El Gobierno no va consentir que eso ocurra. El impacto sería para el resto de la economía española, pero muy especialmente se produciría en el conjunto de la sociedad catalana como estamos viendo", ha alertado, llegando a reclamar que la Generalitat acabe con la "tortura" que supone el desafío independentista.

Dado que las ventanas de liquidez del BCE quedarían "inmediatamente abortadas" para las empresas con domicilio en Cataluña, De Guindos ha indicado que los grandes bancos catalanes (CaixaBank y Sabadell) se han ido "inmediatamente", debido a que "no tenían alternativa" porque "no pueden vivir sin acceso a un Banco Central en euro", descartando "teorías conspiratorias".

El ministro ha negado que haya habido "ningún tipo de presión". "No he llamado absolutamente a nadie, estoy convencido de que no ha llamado absolutamente nadie", ha aseverado en respuesta a las críticas realizadas desde Unidos Podemos, PDeCAT o ERC, a quienes ha pedido que no generen "dudas e incertidumbres". "A mi me duele que se vayan 800 empresas. Este éxodo de empresas pone de manifiesto las contradicciones de las políticas de la Generalitat", ha asegurado.

En este sentido, ha preguntado a los diputados que han sacado a relucir las presuntas presiones si el Gobierno también habría hecho llamadas como para que las reservas turísticas hayan caído alrededor de un 20%, las ventas de coche entre un 20% y un 25% o las ventas de grandes almacenes entre un 15% y un 20%, o que los clientes retirasen depósitos.

El portavoz socialista Julián López Milla ha respaldado el decreto ante el aumento de incertidumbre y el riesgo sobre la actividad económica, que acabará produciendo "pérdida de empleo", y ha advertido de que a los cambios domiciliarios le podrían seguir traslados de medios operativos. López Milla ha recordado que en Québec solo permanece uno de los ocho bancos que se marcharon ante el desafío independentista en Canadá.

Asimismo, el diputado de Ciudadanos, Toni Roldán, ha mostrado su apoyo al decreto, porque la "única" manera de defender a los ahorradores es garantizar la seguridad jurídica y que haya estabilidad económica, al tiempo que ha recordado que Madrid ha aportado el doble a las arcas públicas que Cataluña.

En esta línea, la diputada 'popular' Teresa Palmer ha insistido que el decreto responde a una demanda de amplios sectores empresariales, en tanto que el diputado de UPN, Carlos Casimiro, ha lamentado la "zozobra innecesaria" a las empresas como consecuencia de la "deriva política" en Cataluña y ha pedido que son se perjudique a los intereses generales.

PODEMOS Y NACIONALISTAS DENUNCIAN "PRESIONES"

Por el contrario, el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Alberto Garzón, ha criticado el decreto porque "retrocede" en los derechos de representación en las empresas al otorgar un poder mayor a las administradores sobre los socios y accionistas mayoritarios y se debe a un proceso de "propaganda política". "El Gobierno ha descolgado teléfonos para pedir a sujetos empresariales que les ayuden a contribuir en un clima que puede ser usado como arma propagandística", ha afirmado.

También Josep Vendrell de Unidos Podemos ha rechazado el decreto por ser "un paso más en la suma de despropósitos" del Gobierno respecto a Catalauña y ha opinado que el PP tendría que "echar" al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y al presidente del PP en Cataluña, Xavier Albiol, por "pirómanos" a nivel político.

El diputado del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha señalado que con el decreto se da "máxima credibilidad" a la independencia y ha defendido que los cambios de domicilio social no lo son de actividad ni de empresa, sino que cuestan 80 euros y son "de aquí para allá y mañana de allá para aquí".

Bel ha recordado que hay 260.000 empresas en Cataluña que no han cambiado su domicilio social, así como el diputado de ERC Joan Capdevila, quien ha denunciado las "llamadas propias de otros tiempos" para que se acometan los cambios de sede social y ha asegurado "pase lo que pase la seguridad jurídica está garantizada" en Cataluña, al tiempo que ha acusado a Guindos de introducir el decreto "en nombre de los señores del Ibex-35".

De su lado, la diputada de PNV, Idoia Sagastizabal, ha señalado que el impacto fiscal de los cambios sociales es "mínimo" porque los principales impuestos son de carácter estatal y que no genera ingresos en la nueva comunidad donde se localicen las empresas. El decreto "contribuye a la fuga de empresas y genera una situación de alarma social", ha apuntado.

A su vez, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha denunciado la "locura represiva al pueblo catalán" y ha mostrado su "solidaridad" con el mismo, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de "infundir pánico infundado y sacar rédito político amenazando". También ha denunciado las "amenazas" para que las empresas abandonen su sede social.