El Gobierno endurece las condiciones para el cierre de las centrales térmicas de Iberdrola

Este Real Decreto se aplicará a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública que lanzó el pasado mes de julio sobre este tema y a los que aún no hayan sido resueltos por la Administración. Por ello, ha solicitado a Iberdrola que remita las cuentas de sus plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) correspondientes a los últimos tres años.

A diferencia del régimen actual -que solo contempla la seguridad del suministro-, este reglamento también valorará la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima, así como la coherencia de los precios y la competencia del mercado eléctrico.

De esta manera, Energía ha explicado que denegará el cierre de una instalación «cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente».

El reglamento establece como ámbito de aplicación las instalaciones de producción de energía eléctrica de potencia superior a 50 megavatios (MW) con independencia de su tecnología, ya que son las que requieren autorización del propio Ministerio para su operación. Por su parte, las centrales de menor tamaño se regirán por el marco de autorización propio de las comunidades autónomas.

Para obtener la autorización administrativa de cierre de una central, será el titular de la instalación quien deberá entregar la solicitud ante la Dirección General de Política Energética y Minas, acompañada de una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento.

Una vez recibida la solicitud, será el Ministerio de Energía quien solicitará los correspondientes informes de valoración del eventual cierre a REE, Enagás, CNMC y otros organismos implicados.

Energía, teniendo en cuenta los informes, resolverá la autorización o denegación de la solicitud. En caso de denegarla, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer -si lo desea- mediante una subasta regulada por el Real Decreto. Esta subasta permitiría establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitaría su transmisión para que la central continuase operando.

Además, si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad, que se diseñará para asegurar que se otorga "al menor coste posible" y, en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad.

Iberdrola solicitó el pasado viernes al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo. Asimismo, indicó que el cierre de estas plantas no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico -la compañía cuenta con 5.695 MW de capacidad de respaldo en ciclos combinados de gas- ni afectará al empleo.

Iberdrola enmarca esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, afirmó este lunes que con la decisión del grupo de cerrar sus dos últimas centrales térmicas en el mundo "el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad del grupo libre de emisiones quedará en torno al 70%".