Las empresas asturianas becarán al alumnado de la nueva FP dual

Cueli explicó que el Servicio Público de Empleo (Sepepa) ya está elaborando las bases para la concesión de ayudas a las compañías que reciban a estudiantes de FP dual como «compensación de los gastos derivados de las funciones de formación y apoyo al proceso de aprendizaje en el centro de trabajo».

La nueva FP dual también incorpora novedades en el calendario formativo. Unas se refieren a la duración de la formación, que se amplía a 1.100 horas a lo largo de un año natural; otras, a las fechas de incorporación a las empresas. De acuerdo a la relación facilitada por el Principado, la entrada a los centros de trabajo tendrá lugar del 15 de junio al 30 de julio y del 1 al 30 de septiembre; también habrá un «periodo voluntario» de un máximo de diez horas a la semana desde octubre de este año a marzo de 2023 y, por último, los meses de abril, mayo y junio del próximo año.

Con este nuevo programa, el octavo, el Principado trata de adaptarse a la nueva ley de Formación Profesional ya en vigor y los cambios que va a introducir, «que son importantes en el ámbito de la FP dual». A este respecto, Cueli explicó que «este modelo de FP busca armonizar los aprendizajes del centro educativo con la empresa, entidad u organismo público-privado y afianzar y ampliar los conocimientos del currículo, incluyendo aquellos específicos de la empresa o la entidad relacionadas con la producción y con las formas organizativas».

Y es que el impulso de la formación dual es uno de los ejes de la ley de Formación Profesional aprobada en el mes de marzo en el Congreso. La nueva norma persigue duplicar el número de jóvenes técnicos y especialistas para responder a los perfiles que el mercado español demandará desde 2025 y crear un sistema ágil y flexible que asuma la formación de los ocupados y el reciclaje de desempleados, así como la actualización de conocimientos a lo largo de la vida.

Para ello, está previsto destinar una dotación presupuestaria de 5.500 millones de euros a lo largo de cuatro años, tiempo estimado para la implantación de todas las reformas diseñadas por el Ejecutivo central.