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LAURA CASTRO
Miércoles, 20 de marzo 2019, 13:07
«Si nada cambia, el grupo 1 de la central de Aboño cerrará en junio o julio de 2020«. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero delegado de EdP España, Rui Teixeira. La compañía trata de encontrar un combustible alternativo al carbón para todas sus centrales a través de otros recursos como la biomasa y, concretamente en el caso de Asturias, analizan si podría haber una evolución hacia el gas. Por el momento no han logrado encontrarlo y a partir del próximo año esta parte de la instalación térmica de Aboño tendría una vida limitada a unas 1.500 horas anuales.
Seguirán operando con el grupo 2 de Aboño y con Soto de Ribera, las dos únicas térmicas de Asturias en las que se llevaron a cabo las inversiones necesarias para poder seguir funcionando. «Creemos que no debe cerrarse una tecnología por decreto, sino que debe ser una decisión de mercado. Si las plantas son competitivas, seguirán funcionando», indicó Teixeira. «Nuestra ambición es mantener las plantas con las mejores prácticas ambientales, seguimos invirtiendo en ellas en eficiencia y será el mercado el que determine si somos capaces o no de recuperar esa inversión», agregó.
Por el momento, las centrales térmicas son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. De hecho, apuntó que el carbón formó parte del sistema en 2018 durante unas 3.600 horas.
Unos objetivos más ambiciosos
El consejero delegado de EdP España reconoció que los objetivos marcados por el Ministerio de Transición Ecológica «tienen un grado de ambición superior al de Europa. Este es uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo y la forma en la que se implementen estos objetivos serán clave para garantizar una mayor competitividad en la economía». Por ello, Teixeira incidió en la necesidad de que la transición energetica «no se debe producir de golpe».
Asimismo, indicó en la importancia de definir el destino de la recaudación por el impuesto de emisiones de CO2. Teixeira propone, por ejemplo, destinarlo a la renta individual de los ciudadanos y a la inversión en industria, empresas y comercio. «Por un lado, crearemos más capacidad económica en los ciudadanos y por otro, promovemos una inversión específica que conllevará más creación de empleo y crecimiento económico», argumentó.
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