Duro Felguera recurre la reclamación de 413 millones de Sonelgaz por la central de Djelfa

En ese momento, Duro comunicó al organismo regulador que la paralización de los trabajos se debía a los incumplimientos de Sonelgaz y su intención de rechazar el arbitraje. Esta situación obligó a la empresa asturiana especializada en proyectos llave en mano a presentar un preconcurso de acreedores y a comprometerse a elaborar un plan de reestructuración tras provisionar 99 millones de euros para hacer frente a las posibles consecuencias del arbitraje de Djelfa. Tras reexpresar las cuentas de 2022 y 2023 y reformular las de la primera mitad de 2024, la CNMV levantó la suspensión de la cotización el 12 de diciembre. Los ajustes presentados se traducen en que las pérdidas registradas en el primer semestre de 2024 se duplican, hasta los 52,4 millones, frente a los 26,3 que había comunicado inicialmente. En el mismo periodo de 2023, pasó a anotar unas pérdidas de 48,8 millones de euros frente a los 1,6 millones de beneficio neto que había notificado, debido a un impacto negativo de 50,4 millones por el proyecto de Djelfa.

En esta «reestimación de los costes inevitables del cumplimiento de sus obligaciones» se parte del escenario de ejecución de la totalidad del proyecto, según la información remitida en su día a la CNMV. Como resultado, ha provisionado 99 millones, «de los que 49 corresponden a la penalidad por retrasos de ejercicios anteriores a 2022 y 50 al importe de los costes actualizados del ejercicio 2023». Durante la primera mitad de 2024, ha registrado el global de costes inevitables.

Este nuevo tratamiento del proyecto de Djelfa considera la actualización de los costes del presupuesto inicial «sin ningún tipo de equilibrio económico por parte del cliente y el importe máximo de penalidad por el retraso que se encuentra en disputa desde 2021». Con esta reformulación de las cuentas, Duro Felguera quiere reforzarse «para cubrir posibles reclamaciones de Sonelgaz como consecuencia de las disputas».

Las obras de la central eléctrica tenían que haber finalizado en octubre de 2021, según establece la última ampliación de plazo firmada por las partes implicadas. El contrato se suscribió en 2014 y, en 2019 y 2020, Duro Felguera presentó sendas reclamaciones, ya que «desde el inicio de la ejecución se vinieron dando diferentes incumplimientos por parte de Sonelgaz», según su versión. En total, sumaban 178 millones de euros. En marzo de 2020, debido al impacto de la covid, Duro notificó la suspensión del contrato, como situación de fuerza mayor. Extremo que rechazó la firma estatal argelina.

En 2021, se retomaron las negociaciones y, un año después, a raíz del cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, se produjo la ruptura por parte del Ejecutivo argelino del Tratado de Amistad y Buena Vecindad con el Gobierno de España y se emitió la instrucción a las entidades argelinas de congelar las cuentas. Según Duro, tras múltiples intentos de solución, el 18 de junio de 2024 comunicó al cliente la suspensión de los trabajos y comenzó a trabajar en la reactivación del arbitraje que había presentado. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre recibió la notificación de la solicitud de arbitraje presentada por Sonelgaz, en su contra, que le reclama 413 millones.

Así las cosas, Duro está inmersa en el diseño de un plan que permita «su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible en la compañía». Estima que la solicitud de comunicación de negociación con los acreedores facilitará «el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan, entre otros y particularmente, los relacionados con el proyecto de Djelfa». De forma paralela, la compañía pidió a la Sociedad Regional de Promoción (SRP) un aplazamiento en el pago del crédito de seis millones de euros que le concedió esta entidad, participada mayoritariamente por el Principado, en el contexto del rescate llevado a cabo por la SEPI el pasado año.

Esta última, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), le inyectó en dos fases distintas 120 millones de euros, cuyos vencimientos, la compañía presidida por Eduardo Espinosa también pidió demorar, así como las obligaciones contraídas con la banca acreedora. En los tres casos -Principado, SEPI y bancos- se decidió dar de margen al grupo hasta este mes de enero.