El control de Duro dejará de ser español por primera vez con la llegada de Prodi y Mota-Engil

Otra cuestión es que la mayoría de los títulos aún puedan seguir siendo de propiedad española. Ahora, están repartidos entre multitud de pequeños accionistas. De hecho, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solo aparece uno «significativo», el fundador de TSK, Sabino García Vallina. Muy lejos parece quedar, el periodo en el que Álvarez Arrojo controlaba el 24,39% y los herederos del empresario Ramiro Arias, algo más del 10%. Pero apenas ha pasado un lustro.

Entonces era impensable que una agrupación de pequeños inversores, como es el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM), tuviera algo que decir. En el contexto actual, sin embargo, puede ser decisivo, como defiende su presidente, Eduardo Breña, que asegura que entre participaciones sindicadas y la delegación de votos ya controlan el 4,14% y que confía en que ese porcentaje crezca ante la trascendencia de la junta en la que se deberá aprobar la ampliación de capital que dará la entrada a los socios mexicanos. El porcentaje parece escaso, pero en la última junta general, celebrada en junio de 2022, solo estaba representado el 11,6% del total.

Antes de decantarse por votar a favor o en contra, el SAM reclama una reunión con el consejo de administración y con el Grupo Prodi y Mota-Engil México para conocer con detalle sus planes y también una suerte de gratificación por su resiliencia y permanencia en la compañía en sus horas más críticas. Esta podría venir, explican, de una revalorización de las acciones gracias a una mejora en la contratación y que haga atractivo acudir en masa a la suscripción preferente a un precio de 0,76 euros por acción, si los títulos cotizan muy por encima en la Bolsa. Esto implicaría, a su vez, que Mota-Engil se quedaría sin un gran porcentaje. «Valoramos la españolidad del grupo», asegura Breña, que avanza también que hay inversores institucionales interesados en acudir a la ampliación de capital a través del SAM. Al final serán los accionistas minoritarios los que tendrán la última palabra.

Duro lleva ya dos años y medio sin grandes accionistas de referencia. Más allá de la permanencia de García Vallina, los últimos en salir, en agosto de 2020, fueron los dueños de Mayoral. Los Domínguez de Gor habían acudido a la ampliación de capital de 2018 a través de su vehículo de inversión, Indumenta Pueri, y se retiraron con importantes pérdidas al deshacerse en el mercado en agosto de 2020 del 9,5% que habían adquirido, prácticamente al mismo tiempo que Duro Felguera solicitaba formalmente su rescate al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Previamente, ya habían salido también otros inversores que entraron en la compañía con la ampliación de capital de 2018, como la familia Urquijo, histórica del grupo, que se había hecho mediante la sicav La Muza Inversiones con algo más de un 5%; el luxemburgués Global Income, controlado por el maltés Global Income Malta, y representado por el abogado José Rodríguez Navarro-Oliver, con el 4,1%; la gestora Azvalor, dirigida por Álvaro Guzmán de Lázaro, con el 3%, o el fondo soberano Norges Bank, con un 3,1%.

Más allá de la inyección de liquidez y las sinergias, uno de los aspectos del acuerdo que valora el actual consejero delegado de Duro Felguera, Jaime Argüelles, es precisamente el de poder volver a conseguir un accionista de referencia que genere confianza.

La profesora de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo Susana Álvarez Otero destaca, precisamente, la estabilidad que da a las empresas que exista unión entre la propiedad y el control, algo que ahora no se da. En su opinión, más allá de la autorizaciones de las que está pendiente la operación, esta tiene dos problemas. Por un lado, colocar la ampliación de capital y, el segundo, que Prodi y Mota-Engil «no se peguen un tiro en el pie», algo que no espera que suceda. No obstante, aclara, que lo principal ahora es que la llegada de estos socios, con la inyección de liquidez que plantean y la liberación de avales, permita reconducir la operativa del grupo, que no ha podido optar a contratos importantes por esa falta de tesorería.