Las cámaras reclaman al Gobierno central que asuma peajes eléctricos

Aunque entre 2014 y 2019 las ayudas a las electrointensivas para compensar los costes indirectos de CO2 «aumentaron de seis a 172 millones de euros, la dotación para la subasta de interrumpibilidad se redujo de 550 a 196 millones de euros». El resultado, por tanto, es un saldo negativo de 188 millones, que «se suma a las malas perspectivas que tiene la subasta eléctrica para 2020», a falta de que se celebre la correspondiente al segundo semestre. Mientras, el coste de la energía para los grandes consumidores continúa siendo «entre un 20% y 40% más elevado que el de las empresas situadas en Francia o Alemania». Este escenario de dificultad para competir a nivel mundial se hace «especialmente relevante en Asturias» por la concentración de industrias electrointensivas.

Ante esta situación, las cámaras de comercio alertan de que, si persiste este escenario, «se produciría un daño irreparable en la industria electrointensiva asturiana y, consecuentemente, en su economía». Es más, en el peor de los casos, se pueden repetir hechos tan dañinos como la parada de las series de electrolisis de Alu Ibérica (la antigua Alcoa), lo que produce una disminución de los ingresos públicos y un aumento de los gastos sociales por la pérdida de puestos de trabajo en las empresas subcontratistas, según las tres cámaras de comercio.

«No hay excusas ante una situación que llevamos denunciando desde hace más de diez años», subrayan, al tiempo que instan al Gobierno central a abordar «este gravísimo problema sin mayor dilación». Porque a los costes energéticos se añade el retraso de la puesta en marcha en Europa del arancel ambiental, la descarbonización y el aumento de los costes por los derechos de emisión de CO2, entre otros factores. «De no hacerlo, pondríamos en peligro un gran número de puestos de trabajo y causaríamos un empobrecimiento de Asturias», aseguran.

Por todo ello, las cámaras reclaman al Gobierno «sensibilidad con los problemas de la industria en Asturias y, en particular, con la electrointensivas». Además de establecer el estatuto de la gran industria como «una prioridad», el Ejecutivo debe incluir en los Presupuestos Generales del Estado «parte de los peajes e impuestos incluidos en la tarifa eléctrica». De no hacerlo, «nos conduciría al cierre de instalaciones industriales y, por tanto, se dejarían de ingresar los peajes e impuestos correspondientes a la pérdida de consumo, además de otras tasas».