Cuando Elon Musk compró Twitter, en abril de 2022, la Comisión Europea advirtió al magnate de que no todo valía y que la red social estaría sujeta a las leyes comunitarias. Y la institución europea está dispuesta a cumplir con lo prometido hasta las últimas ... consecuencias. Bruselas abrió ayer un procedimiento formal de infracción contra X (antigua Twitter) por sospechas de que podría haber incumplido la Ley de Servicios Digitales. Más concretamente, cree que la compañía ha cometido infracciones relacionadas con la moderación de contenidos y la difusión de contenido ilegal, en el contexto de los ataques terroristas de Hamás en Israel, en octubre de este año. Se trata de la primera vez que Bruselas abre un procedimiento de infracción bajo esta norma que regula a las grandes plataformas online.
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El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación preliminar en relación a estas publicaciones el mes pasado y ahora, ha decidido ir más allá, con un procedimiento formal de infracción. «Nos tomamos muy en serio los incumplimientos de nuestras leyes y las pruebas que tenemos en este caso son suficientes para iniciar este proceso contra X», aseguró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien añadió que la Comisión está comprometida a velar por la seguridad de los ciudadanos europeos online.
La Ley de Servicios Digitales entró en vigor en noviembre del año pasado y la compañía de Elon Musk fue catalogada como «plataforma online de gran tamaño» por tener unos 122 millones de usuarios mensuales. Ese volumen la obliga a cumplir ciertas normas en relación al análisis y gestión de riesgos sistémicos, la moderación de contenido y la protección de sus usuarios en la Unión Europea (UE). Según apuntó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, el procedimiento contra X «deja claro que con esta ley, los tiempos en los que las plataformas actuaban como si fueran demasiado grandes como para preocuparse, han terminado».
Caso pionero
En esta siguiente fase, los servicios de la Comisión Europea comenzarán una «investigación en profundidad» en relación a la «difusión y amplificación de contenidos ilegales y desinformación en la UE». Bruselas seguirá recopilando pruebas y pedirá más información a X, antes de tomar medidas cautelares o imponer multas. No existe un plazo concreto para este proceso, cuya duración «dependerá de factores como la complejidad del caso y el tamaño de la empresa».
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Si, tras esta investigación, la Comisión confirma sus sospechas, podrá aplicar una sanción económica que podría llegar hasta el 6% del volumen de negocio global de la compañía; es decir, unos 13,34 millones de euros (utilizando como referencia los beneficios netos que obtuvo X en 2022). La decisión podrá apelarse ante el tribunal de justicia de Luxemburgo.
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