Arcelor plantea un ERTE por «causas productivas» hasta final de 2023

El ERTE urge por esa parada programada para final de este mes, pero no solo por ello. La acería de Sestao, que se iba a reactivar con el fin de agosto, también está parada sine díe y no pintan las cosas bien en el mercado siderúrgico. Se teme que los ajustes puedan ir a más. No obstante, solo con el apagado del horno gijonés habrá un efecto en cadena en otras instalaciones. En Asturias se verán afectados los sínter y el parque de minerales, la acería avilesina, el tren de bandas en caliente, laminado en frío y galvanizado, pero desde el Principado también se envía acero a factorías satélites del grupo en España que le dan distintos acabados y que también sufrirán las consecuencias. Los efectos se notarán en Sagunto (Valencia) y las navarras de Lesaca, Legasa y Berrioplano.

La próxima semana comenzará la negociación 'real' de las condiciones, ya que los sindicatos han sido citados nuevamente los próximos miércoles y jueves. Y acudirán para demostrar su «voluntad negociadora», aunque no compartan las justificaciones planteadas por la empresa. UGT, por ejemplo, cree que «se está utilizando a los trabajadores como rehenes para buscar acuerdos y conseguir sus fines estratégicos con los gobiernos a nivel europeo. Quieren tener subvenciones a ver si siguen ganando lo mismo», afirma José Manuel García.

Desde CC OO, José Manuel Castro advierte de que «un ERTE es una herramienta que hay que manejar con cuidado. No es un elemento de gestión de la empresa», al tiempo que confía en que «se imponga la cordura y se dé certeza a la plantilla con unas condiciones económicas que minimicen posibles pérdidas».

¿Sobre qué asienta la empresa la necesidad del expediente? Sobre lo trasladado en anteriores reuniones a los representantes sindicales, esto es, una «situación coyuntural» provocada por la guerra de Ucrania, la caída de la demanda de pedidos, el coste de la energía y el alto incremento de las importaciones de países extracomunitarios. Un conjunto de cuestiones que se traduce en una oferta de acero muy superior a la demanda. Y ello teniendo en cuenta que las condiciones medioambientales de los países desde los que se importan productos son inferiores y los costes energéticos también menores.

Las paradas no son nuevas en Arcelor, durante los últimos años se han apagado hornos ante la caída de la demanda, por trabajos de mantenimiento, averías... y después se han vuelto a encender. Sin embargo, desde hace trece años a la hora de tomar estas decisiones se jugaba con 'un colchón', un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), activo desde 2009 y que se fue prorrogando en sucesivas ocasiones. Las condiciones de este eran muy favorables para la plantilla, ya que contemplaba mantener alrededor del 94% de la remuneración -garantía del 90% del salario bruto y del 100% de las pagas extraordinarias, vacaciones y compensatorios-, aunque durante la pandemia la multinacional intentó rebajarlas en dos ocasiones, al presentar un ERTE de fuerza mayor, que fue tumbado por la Dirección General de Trabajo, y después otro por causas productivas y económicas, que fue anulado por una sentencia de la Audiencia Nacional y ratificada después por el Tribunal Supremo.

Estos intentos, así como el bloqueo del contrato relevo que se había acordado para dar salida al personal nacido en 1960 y 1961 y un uso del ERTE prorrogado que, según los sindicatos, era desproporcionado, fueron enrrareciendo las relaciones laborales entre los comités y la empresa, mientras la unidad sindical también se resquebrajaba. Así, en diciembre del pasado año, la falta de acuerdo entre los sindicatos mayoritarios en el conjunto de las plantas españolas, UGT y CC OO, y Arcelor impidió la renovación del ERTE. UGT se manifestó a favor de la prórroga, pero CC OO condicionó su apoyo a una serie de exigencias que la empresa decidió no aceptar, entre ellas el pago del 100% de las retribuciones de cada trabajador tras quedar anulado el ERTE derivado de la covid desde su aplicación en 2020. Junto a ello, la garantía de no promover regulaciones con peores condiciones y que solo se pudiera recurrir a ellas en caso de paro de instalaciones por bajada de producción, «no como sucedáneo del contrato relevo». Esta petición se justificaba en que a buena parte del personal nacido en 1960 y 1961 se le reguló para no tener que sustituirle por jóvenes relevistas, bajo el argumento de que el plan de descarbonización obligará a prescindir en breve de un millar de trabajadores.

Con estos antecedentes, los sindicatos acudieron ayer a Echévarri con la convicción de no aceptar peores condiciones que el ERTE que se vino aplicando en los últimos 13 años. La semana que viene empezarán a negociarlo, con 15 días por delante para alcanzar un acuerdo.